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La administración en tela de juicio

La Junta asiste impotente a la parálisis de la reforma del sector público en los juzgados, que ya afecta a casi 6.000 empleados en cinco de las ocho agencias.

el 10 dic 2011 / 19:30 h.

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Los funcionarios contrarios a la norma eligieron ayer el color naranja en la caravana-protesta en Córdoba. / juan manuel vacas

En el último mes, el Gobierno andaluz asiste impotente a la progresiva parálisis de su ambiciosa reforma del sector público. Seis sentencias han anulado o frenado el sistema de acceso a la función pública del personal sin opositar. La reforma permitió integrar en las agencias públicas a casi 20.000 trabajadores con contratos privados, y ahora los jueces cuestionan la legalidad del sistema de acceso. Los fallos afectan a cinco de las ocho agencias que creó la Junta para ahorrar y simplificar servicios: casi 6.000 trabajadores que "no han accedido a la administración por el sistema legalmente establecido".

Hay 27 recursos interpuestos por los funcionarios que se encaminan hacia el mismo desenlace. La Junta ha ganado el recurso que el sindicato CSIF vertió contra la propia ley, porque los jueces no apreciaron en el texto "la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública". Pero el desarrollo normativo de la ley se ha convertido en un coladero. Los estatutos que regulan las agencias y los protocolos de integración del personal laboral han sido cuestionados por los jueces. Sólo una sentencia ha entrado en el fondo del asunto, la que anula el trasvase de personal de empresas públicas a la Agencia de Instituciones Culturales. En ella, el TSJA concluye que el sistema de acceso "quiebra el principio de igualdad y es un desprecio al Estado de derecho". Al crear jurisprudencia, los juzgados de lo Contencioso de Sevilla han empezado a suspender cautelarmente la actividad de otras agencias. Los tribunales de Málaga, en cambio, no aceptan la suspensión cautelar porque paralizar la agencia "provocaría graves consecuencias para los beneficiarios". El fallo más reciente en este sentido es del 1 de diciembre, sobre la agencia de Dependencia, que alega que dejarla sin efecto afectaría a "personas sin empleo que precisan la necesaria asistencia social especialmente en un momento de crisis económica (...), con uno de los índices de paro mayores de España".

La Junta ha reaccionado a la tormenta judicial con una llamada a la calma: las sentencias están recurridas al Supremo y la suspensión cautelar no está afectando ni a la actividad de la agencia ni a los empleados laborales, que pueden seguir trabajando como hasta ahora porque en realidad "no ejercen funciones propias de un funcionario". Los demandantes, sin embargo, creen que los 6.000 empleados "deben dejar de prestar sus servicios en la administración hasta que el Supremo resuelva", más o menos en un año.

La reforma eliminó 111 entes públicos de los 255 que tenía la Junta. Hasta entonces existía una multitud de sociedades mercantiles que se agruparon en las ocho agencias: en Agricultura y Pesca, en Innovación y Desarrollo, en Salud, en Empleo, en Cultura, en Medio Ambiente, en Obra Pública y en Servicios Sociales y Dependencia (las cinco últimas han tropezado en los tribunales). El ahorro estimado era de 115 millones en tres años (por ahora sólo 40, según Hacienda).

La fusión o eliminación de empresas afecta a 23.476 empleados: 2.069 funcionarios; 1.474 personal laboral de la Junta y 19.933 personal laboral que no pertenecía a la Junta. Este último grupo es el que ha hecho descarrilar la reforma. Los jueces creen que esos empleados con contratos privados, sin concurso de igualdad y mérito, han adquirido los mismos derechos que un funcionario y podrán desempeñar sus funciones. Hacienda responde que la misma ley de reordenación niega expresamente esa posibilidad y añade que el Estatuto del Empleado Público le confiere a la Junta la potestad para mover de puesto a sus empleados. Pero los jueces dicen que el simple hecho de haber sido integrados en un ente público les equipara al funcionario, les otorga derechos constitucionales que están por encima de la ley. El PP pareció verlo claro desde el principio, por eso recurrió la reforma ante el Tribunal Constitucional.

Cambio de rumbo. La reordenación del sector público no estaba en el programa electoral del PSOE en 2008. En 2009, José Antonio Griñán sustituyó a Chaves y, en su discurso de investidura, el nuevo presidente empezó a hablar de reformar la administración. Pero entonces la razón de ser de esa reforma no era el ahorro del gasto público, como se dice ahora, sino la meritocracia. Griñán quería reducir la administración periférica y hacer más transparentes los servicios, pero sobre todo quería cambiar los estatutos de función pública para profesionalizar a los funcionarios. Al poco la deuda pública de los gobiernos se disparó, y aunque la reforma de la administración andaluza siguió adelante, el principio que la había inspirado cambió de rumbo. Dejó de hablarse de meritocracia y el debate se centró casi exclusivamente en la contención del gasto público. La Junta aprobó la ley a finales de julio de 2010, poco después de que el Gobierno anunciase un recorte del 5% en el salario de los funcionarios. Todo el periodo de tramitación estuvo acompañado de protestas y manifestaciones masivas de funcionarios. La ley que iba a impulsar la meritocracia en la Junta ha sido estigmatizada como un recurso al "enchufismo".

El cupo de altos cargos para funcionarios alivia la bronca

Un año después, la reforma del sector público sigue inspirando manifestaciones en la calle. Un centenar de turismos, motos y bicicletas formaron ayer una caravana de protesta en Córdoba, organizada por la Plataforma de Empleados Públicos de la Junta que critica el “enchufismo” de la ley. Los funcionarios usaron globos, pancartas y paraguas con las imágenes de Griñán y de Carmen Martínez Aguayo. Aunque también ayer el sindicato de funcionarios Safja admitió su apoyo a la decisión de la Junta de reservar un cupo de altos cargos para funcionarios, un compromiso de Griñán en su discurso de investidura que el presidente recupera ahora para intentar apaciguar las protestas del colectivo y obtener el apoyo perdido entre las clases medias. El PSOE llevará al pleno de la próxima semana la modificación de la Ley de Administración de la Junta para dejar las direcciones generales en manos de funcionarios (el 60% ya lo son).

Además de las protestas, lla crisis del sector público seguirá en los juzgados. Los jueces han paralizado el trasvase de personal laboral a cinco agencias: la de Instituciones Culturales (535 empleados), el personal de la Faffe y la Utedl al nuevo SAE (1.552), los trabajadores de Gestión de Infraestructuras a la Agencia de Obra Pública (96), el personal de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) y de la Fundación para Atención a las Drogodependencias (Fadais) en la Agencia de Dependencia, y el de la antigua Egmasa en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (con casi 4.000 empleados, según las plataformas de funcionarios Al Andalus y Defiendo mi Derecho).

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