La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, compareció ayer de forma extraordinaria en un pleno municipal para dar explicaciones después de que el pasado 28 de febrero un informe de la Policía Judicial volviera a poner en el punto de mira una serie de contratos firmados en 2004 por la regidora con las empresas de la trama Gürtel. García-Pelayo aparece en los papeles y correos electrónicos investigados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) por unos trabajos contratados para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) hace diez años. Todo apunta a que los trabajos fueron adjudicados antes de que las empresas del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, presentaran la documentación administrativa que exige la ley para optar a ese concurso público. Como mediador aparece Isidro Cuberos, jefe de prensa y mano derecha de Javier Arenas en el PP andaluz durante años.
García-Pelayo insistió ayer en la legalidad de los contratos firmados con las empresas de Gürtel y aseguró que hace diez años «nadie» sabía lo que hoy se sabe sobre esa trama y cómo «iban a terminar esas empresas». Durante el pleno municipal convocado para examinar las contrataciones que investiga la Audiencia Nacional, la alcaldesa popular insistió en que si entonces hubiera sabido lo que se sabe hoy no se hubieran producido esas adjudicaciones. La Policía señala en sus informes que se produjeron contratos del Ayuntamiento de Jerez con la trama Gürtel para la celebración de tres espectáculos en Fitur 2014 y se señala que esas adjudicaciones se realizaron antes de que se hubiese registrado «procedimiento formal de contratación alguno por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad». Los expedientes municipales y los correos electrónicos investigados por la Policía dentro de la trama Gürtel revelan que la alcaldesa ordenó adjudicar por la vía de urgencia los trabajos a las empresas de Correa, cabecilla de la trama de corrupción, sin que éstas hubieran presentado formalmente oferta para optar al concurso público. Después se revela que con la mediación de Isidro Cuberos, según los registros informáticos de la UDEF, se insta a las empresas de Gürtel a formalizar los contratos un mes después de la adjudicación y de la celebración del evento en Fitur. Los trabajos ascendieron a 214.027,45 euros.
La alcaldesa de Jerez insistió ayer en defender la legalidad de los contratos. Durante su comparecencia defendió que los expedientes pasaron por tres controles administrativo, político y judicial y que el trabajo «se realizó», tuvo retorno para la ciudad y se pagó «tarde» y a un precio «lógico y de mercado», unos 300.000 euros. García-Pelayo defendió incluso el «impacto mediático» que tuvieron los espectáculos ecuestres organizados por las empresas de Gürtel en la Plaza Mayor de Madrid.Los contratos de Fitur 2004, insistió la regidora, se tramitaron «de acuerdo con la legislación vigente» y con «todos los vistos buenos de los funcionarios», por lo que es «absolutamente impoluto».
La alcaldesa recuerda que su caso fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El antiguo instructor del caso Gürtel en el Alto Tribunal de Madrid, Antonio Pedreira, archivó en mayo de 2011 una denuncia presentada contra ella porque los hechos se referían a Jerez de la Frontera. Los nuevos informes de la Policía entregados al juez de la Audiencia Nacional que investiga Gürtel vuelven a ponerla en el punto de mira. El PP andaluz defendió ayer a García-Pelayo y la puso como «un ejemplo de transparencia» porque está «dando la cara». El PSOE lamentó que las principales dudas sobre este caso sigan estando «en el aire».
Nueva rama. Hasta ahora el grueso del caso Gürtel, una supuesta trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, liderada por el empresario Francisco Correa y que sobornaba a cargos políticos del PP con dinero y regalos, se centraba en Madrid y Valencia. Cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz estaba a punto de finiquitar la instrucción, informes de la Policía Judicial han abierto una nueva pista de la investigación en Andalucía con Jerez en el epicentro.
Campañas. Según la información del caso que había trascendido hasta ahora, la vertiente andaluza era poco relevente y apuntaba a los hermanos Galeote, Ricardo y Gerardo, en Estepona (Málaga) así como a las campañas electorales del PP en Andalucía en 2003 y 2004. La mano derecha de Correa, Pablo Crespo, escribió una carta a Javier Arenas, que era secretario general del PP, reclamando el pago de deudas por estas campañas electorales. También aparece señalado en la investigación el diputado por Almería Juan José Matarí, como supuesto enlace y conseguidor de contratos de las empresas de la trama Gürtel en Andalucía.
Informe. Las últimas investigaciones de la Policía Nacional, en un informe del pasado 28 de febrero, señalan a la alcaldesa de Jerez. La Unidad de Delincuencia Económica yFiscal apunta al asesor de comunicación de Arenas como mediador. Según este informe Isidro Cuberos «canalizó el cobro de su comisión a través de la emisión de una factura por parte de su empresa, Cuberos Comunicación SL, a nombre de Special Events, por importe de 53.355 euros». Cuberos ha sido jefe de prensa de Arenas y uno de sus hombres de confianza y públicamente ha negado cualquier relación con la trama.
