La exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, tras declarar en los juzgados el pasado 8 de octubre. / EFE
La Audiencia de Sevilla ha ratificado la imputación de la exconsejera de Hacienda y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que ayer la invitó a dimitir, Magdalena Álvarez, y anula el recurso interpuesto por su abogado. En un auto emitido ayer, la Audiencia da un espaldarazo fundamental a las tesis de la jueza Mercedes Alaya y avala los argumentos de la magistrada para imputar a la que fuera máxima responsable de la Consejería de Economía de los delitos de malversación y prevaricación. Hasta aquí el camino ha sido largo. Alaya emitió un primer auto el pasado julio en el que imputó a Álvarez y otros 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz. Esa imputación fue tumbada y anulada en octubre por la Audiencia por falta de motivación. La magistrada replicó días más tardes con un segundo auto en el que por primera vez pidió «calma» y advirtió de que el final de la instrucción no estaba «lejos».
Ayer la Audiencia de Sevilla asumió los argumentos de Alaya para imputar a quien fuera una de las máximas responsables del Gobierno andaluz. En un auto de nueve folios considera que Álvarez debe estar imputada por haber podido «tener participación» en el presunto fraude millonario tejido con fondos públicos de la Consejería de Empleo, el llamado caso ERE, que acumula ya 166 imputados. Considera «de interés» su declaración para «el esclarecimiento de los hechos» y advierte de que es una persona «íntimamente relacionada» con el caso que se investiga, «hasta el punto de existir contra ella severas, por fundadas, sospechas de participación» en el supuesto fraude de las ayudas sociolaborales de la Junta. La también exministra de Fomento ya ha declarado en dos ocasiones ante la jueza. Ahora queda pendiente que la Audiencia resuelva sobre la fianza de 29,5 millones de euros que Alaya impuso a Álvarez y que también ha sido recurrida.
La Audiencia considera que Alaya, es su última resolución, cumple «con creces» la petición que se le había hecho de que concretara qué hechos delictivos se le podrían imputar. Avala la «hipótesis delictiva» que maneja la jueza y que apunta a que se creo un sistema «ilegal» que permitió y facilitó el desvío de fondos públicos. Las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que están ahora bajo la lupa salieron de la Consejería de Empleo y se comenzaron a repartir a través de sus empresas públicas, primero el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y después la Agencia IDEA. Se sorteaban así los controles de la Intervención General de la Junta. El Gobierno andaluz defiende que se hizo para aligerar de burocracia el reparto de los fondos. El sistema se sustentaba en la fórmula de las transferencias de financiación, un mecanismo que la jueza considera «ilegal». Este método fue aprobado siendo Magdalena Álvarez titular de la Consejería de Economía y Hacienda.
La Audiencia recoge en su escrito que ese sistema de las transferencias de financiación era inadecuado, según ha confirmado la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General del Estado. Ambos órganos auditores coinciden en que esa técnica presupuestaria no debería haberse utilizado para la concesión de estas ayudas. Esto, respalda la Audiencia asumiento las tesis de la instructora, «permitía y permitió un amplio margen de discrecionalidad en el otorgamiento de las ayudas», se saltaba «el procedimiento legalmente establecido» y «obstaculizaba su fiscalización previa por la Intervención General de la Junta de Andalucía». Recuerda también que el entonces interventor general de la Junta, Manuel Gómez, también imputado advirtió hasta en «quince ocasiones» de «irregularidades» en estas subvenciones.
Posiblemente el párrafo más contundente del auto de la Audiencia es el que asume que este sistema pudo instaurarse para propiciar el fraude, como defiende la jueza Alaya: «No es irracional o arbitraria la hipótesis de entender que la técnica fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió». «¿Cómo entender si no que, pese a las alertas dadas, pudiera prolongarse sin control alguno durante unos diez años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria, de unos déficits de financiciación de las ayudas del programa 31L que ya en el año 2002 ascendía a 30,27 millones de euros, a 38,22 millones de euros en 2003, y en el año 2004 a 93,60 millones de euros?», señala refiriéndose a los desfases presupuestarios que tuvieron que ser cubiertos por la Consejería de Hacienda. Ve «razonable la fundada sospecha» de Alaya de que «ciertos cargos de relevancia» pudieron «propiciar la instauración de este sistema ilegal».
No obstante,deja una puerta abierta a los planteamientos del Gobierno de que la transferencia de financiación no es intrumento «ilegal» y asume como «razonable» que no puede ser considerado así al estar aprobado por la ley de presupuestos.
La magistrada vuelve a ser apremiada de forma indirecta a agotar la instrucción y elevar al Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la parte que corresponda. Hay ya señalados siete aforados (los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio). La Audiencia ya fue muy clara y advirtió a la magistrada de que su instrucción ha alcanzado el «límite máximo». En el auto de ayer insiste en la necesidad de depurar la instrucción «por la complejidad de los hechos» y recuerda que la prescripción de un delito de malversación está en 15 años.
