La auditoría de las cuentas de Mercasevilla en 2012 realizada por la sociedad Ernst & Young, además de estar repleta de salvedades (objeciones) por los múltiples casos judiciales abiertos y las pérdidas arrastradas, es de tal severidad que llega a cuestionar el futuro inmediato del mercado mayorista, allanando, pues, la decisión del Ayuntamiento de acometer la liberalización de servicios, que la oposición política entiende como privatización pura y dura de esta empresa pública. Existe, dice el auditor, una incertidumbre significativa sobre su capacidad para continuar sus operaciones, que solamente podrán despejar la resolución de los litigios, el registro de las plusvalías por la venta de los terrenos actuales y un riguroso plan de viabilidad. 
Las instalaciones de Mercasevilla.
Ese aviso del auditor se efectúa por segundo ejercicio consecutivo, sin que por el momento se haya concebido un proyecto de viabilidad, y sí huelgas de su plantilla, malestar entre los mayoristas de pescado y fruta e incógnitas sobre la prevista ampliación de capital social para sufragar el coste de los nuevos despidos de empleados, ya anunciada desde Plaza Nueva.
La junta anual de accionistas de Mercasevilla (Consistorio hispalense, sociedad estatal Mercasa y, en menor proporción, los empresarios mayoristas) se celebró ayer dentro de un pésimo escenario pese a los intentos de la dirección de la lonja y, por tanto, del Ayuntamiento su presidente es el delegado municipal de Empleo y Economía, Gregorio Serrano de transmitir optimismo y lanzar el mensaje de que las cosas, esta vez sí, marchan por la senda correcta.
Sin embargo, las palabras chocan con la cruda realidad no sólo en la auditoría, sino también en el informe de gestión que rubrican y adjuntan los propios administradores. Dicen éstos: A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, ante los medios de comunicación y ante la opinión pública en general el nombre de Mercasevilla se asimila o relaciona intrínsecamente con los procedimientos judiciales abiertos, lo que obviamente dificulta y limita en gran medida el normal desenvolvimiento de la sociedad en el ejercicio de su actividad.
Se trata de media docena de litigios y también expedientes sancionadores impuestos por la Junta de Andalucía por la comercialización de pescado inmaduro, siendo los más conocidos el de la mordida a los empresarios hosteleros de La Raza, el de la venta de terrenos a la constructora Sando y el de los expedientes de regulación de empleo con intrusos. El de mayor impacto económico es el que atañe a la demanda de resolución del contrato de opción de compra sobre suelos y reclamación de daños y perjuicios que interpuso Sando al ver frustrada su operación inmobiliaria en la lonja, y que la constructora cifra en casi 9 millones de euros. En cambio, la lonja le reclama 2,2 millones por alquileres no satisfechos.
En cuanto a la evolución de las cuentas en 2012, Mercasevilla volvió a las pérdidas, al registrar unos números rojos de 552.727 euros, y sus ingresos bajaron el 2%, hasta 8,67 millones. Lo peor del balance aflora en el patrimonio (el capital más las reservas) que, al verse arrastrado por el resultado negativo, se redujo casi a la mitad, al pasar de 1,30 millones a 735.401 euros. Mientras, subió ligeramente el endeudamiento, a 8,13 millones frente a los 8 millones del ejercicio precedente.
La plantilla al finalizar el año estaba conformada por 189 trabajadores, que eran diez menos que en 2011. Sin inversión y buscando dinero suficiente para despedir La asociación empresarial de mayoristas, accionista muy minoritario de la sociedad Mercasevilla, reclamó ayer al mayoritario, el Ayuntamiento de Sevilla, información sobre la anunciada ampliación de capital para costear las salidas de personal del nuevo expediente de regulación de empleo. En concreto, y según relataron fuentes cercanas a la junta de accionistas, preguntaron si conllevaría un desembolso por su parte si no lo hacen, quedarían fuera del capital social. La dirección de la lonja, sin embargo, no ofreció datos al respecto más allá del ya anunciado coste de los despidos: 4 millones de euros.
Dado que el Consistorio es el accionista mayoritario (51,44% del accionariado), le correspondería un desembolso aproximado de 2 millones, una cantidad algo menor en el caso de Mercasa (48,38%) y en torno a 6.400 euros a los mayoristas (0,16%).
En concreto, la liberalización de servicios que el Ayuntamiento tiene la firme intención de ejecutar afectaría a la mitad de la plantilla que realiza hasta ahora labores en la lonja. Es decir, los despidos rondarían los 90. La Comisión Europea resolvió en 2011 incoar un expediente por posible monopolio en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado en concepto de facturación, transporte y manipulación del género. Tanto los sindicatos como los partidos de la oposición (PSOE e IU) rechazan este proceso, y hablan abiertamente de privatización y de una decisión política de contentar a los empresarios.
Fernando Castro, gerente de la asociación de mayoristas de fruta y hortalizas de Mercasevilla, dijo a Europa Press que su gremio considera que la actual fórmula de gestión resulta inviable. Todo esto tendría que haber sido hecho mucho antes, al tiempo que enfatizó que no hay inversiones que mejoren las condiciones del mercado central o sus servicios. En cambio, desde el comité de empresa, su presidente, Rafael Domínguez, lamentó que no tenemos dinero para el funcionamiento de la empresa y sí los buscamos para despedir.
