El último intento de la Unión Europea de definir nuevas tasas a la banca para financiar futuras crisis y contribuir a la lucha contra la pobreza terminó ayer sin avances en la reunión de ministros de Finanzas de la UE.
Dos años después del estallido de la crisis financiera, los estados siguen enzarzados en las discusiones sobre las distintas modalidades de gravamen y el destino que debe darse a ese dinero, mientras algunos países han aprobado nuevos impuestos de forma unilateral.
El encuentro de ayer, celebrado menos de un mes después del primer debate formal sobre el asunto en el seno del Ecofín (reunión de ministros de Finanzas), terminó sin "avances extraordinarios", reconoció la ministra de Economía, Elena Salgado.
Aunque la "prioridad es evitar que los distintos sistemas impositivos de los estados miembros provoquen una doble tasación" al sector, el semestre podría terminar sin acuerdo, confesó el ministro belga, Didier Reynders.
La UE trabaja sobre dos posibilidades que, en principio, no son excluyentes. Uno sobre las actividades bancarias y una tasa sobre las transacciones financieras internacionales, conocida como Tasa Tobin.
El impuesto sobre las actividades financieras suscita más apoyos que la tasa sobre las transacciones, criticada porque podría provocar una deslocalización y reducir liquidez en el mercado si no se logra consenso internacional.
El comisario de Fiscalidad y Unión Aduanera, el lituano Algirdas Semeta, presentará un informe sobre la aplicación técnica de la tasa este mes.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el francés, Nicolás Sarkozy, abogaron por introducir una tasa sobre las transacciones y destinarla a la lucha contra el hambre y la miseria.
Respecto a la tasa sobre las actividades financieras, aunque existe mayor optimismo en la UE, tampoco hay consenso sobre la base ni el tipo imponible.
Francia y el Reino Unido ya anunciaron sendos impuestos sobre las actividades bancarias, que destinarán a sus maltrechas arcas públicas. Alemania hará lo mismo, pero inyectará lo recaudado a un fondo para hacer frente a futuras bancarrotas del sector. Esta última es la opción preferida por Bruselas, que en octubre presentará una propuesta.
La posición española es favorable a destinar la recaudación de un nuevo impuesto al presupuesto público, debido a que España ya cuenta con un fondo de garantía de depósitos. El país podría ingresar entre 490 y 1.905 millones dependiendo del tipo de tasa que impusiera sobre las actividades financieras, según un reciente informe de la Comisión Europea (CE), que eleva esa cantidad hasta los 26.215 millones en el conjunto de la UE.
En todo caso, Salgado opinó que la Unión Europea dejará una "cierta flexibilidad a los países" para que decidan sobre la tasa bancaria y abogó por no ahogar al sector bancario con demasiados impuestos, pues su papel en la recuperación económica es esencial, como responsable de financiar a la economía real.
"En este momento, necesitamos que el crédito vuelva a fluir y acompañe el crecimiento de la economía. Las entidades han tenido problemas de liquidez así que todas las actuaciones que llevemos a cabo no deberán dificultar que el crédito siga llegando a las empresas y los ciudadanos", explicó. "No tenemos ninguna prisa para constituir este fondo porque tenemos el de garantía de depósitos y porque nuestras entidades no están en riesgo, como han demostrado las pruebas de solvencia", añadió.
Otro debate sobre la mesa alude a las agencias de calificación del riesgo. El comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, ve "problemas" en su funcionamiento y por ello propondrá durante el primer semestre de 2011 la creación de una agencia europea que aumente la competencia en el sector, señaló ayer.
La postura del Ejecutivo comunitario contrasta con la de Elena Salgado, que afirmó que no ve necesario crear una agencia europea, iniciativa que también apoya Francia, ya que destacó que las estadounidenses son "muy profesionales".
