"Si alguien de Ucrania les oyera diría que no hay tantas diferencias", bromeó el catedrático de Hacienda de la Universidad de Málaga, José Sánchez Maldonado. "Hasta los tres tienen barbas", dijo por los consejeros de Economía de Andalucía, Asturias y Cataluña. "El de Valencia no sé, no ha venido", añadió. "Ése no, es del PP", replicaron entre risas los aludidos junto al Secretario de Economía valenciano, que sustituyó al consejero popular.
Las jornadas sobre financiación autonómica organizadas por UGT permitieron ayer oír a cuatro comunidades y el Gobierno. La pugna por el reparto del dinero lleva abierta un lustro y ha generado graves tensiones ayer aligeradas. Fue como mirar por un agujerito una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a las 15 comunidades y el Gobierno. El miércoles se reúne. "No se crean que allí nos estamos todos peleando", aseguró el único del PP, el valenciano José Manuel Vela.
"No hay una sola verdad, cada uno tiene la suya", aseguró el consejero asturiano, Jaime Rabanal.
Cada uno relató sus problemas -muchos coincidentes- y dijo por qué y para qué necesita tocar a más dinero en el futuro modelo de financiación que el Gobierno prometió para 2009. Algunos como el catalán Antoni Castells airearon sin pudor sus miserias: "Dicen que Cataluña es rica y tenemos 1,3 millones de pobres".
Los principios teóricos están claros. La batalla llega al traducirlos en euros. "Si dejáramos de someternos a la regla de la calculadora y empezáramos a someternos a la razón sería más fácil", dijo el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía, José Antonio Griñán. Él compartió mesa con el secretario de Estado de Hacienda del Gobierno, Carlos Ocaña.
Para reformar el modelo hay una razón poderosa: la población española ha aumentado en 6 millones desde 1999. Baleares o Cataluña que lo han sufrido más. Andalucía creció según la media y Asturias apenas lo notó.
También coincidieron los consejeros en pedir más control sobre sus impuestos. "Las comunidades no tienen la llave de sus ingresos, no pueden decidir cuándo darle más o menos al grifo para atender sus necesidades", explicó Castells. Y de aplazar la reforma por la crisis nada, advirtieron sobre todo Cataluña y Valencia. Porque no sólo azota al Gobierno, también a las comunidades, con ingresos estrechamente ligados a la vivienda.
Solidaridad. El choque de trenes, que ayer no se produjo pero se intuyó, llegó con la solidaridad, que supone el trasvase de recursos de las comunidades con mayor renta a las que recaudan menos. Asturias y Valencia coincidieron con la fórmula andaluza: "Pagar por renta, recibir por población". Eso sí, con la población ponderada. Quien tiene más mayores exige que cuenten más en la sanidad y los que tienen más jóvenes piden que cuenten más en la educación.
Cataluña va a la contra: "La solidaridad tiene efectos perversos". Castells quiere que una parte de lo que se recauda en su territorio vaya a la caja de la solidaridad, pero otra se quede en Cataluña "para los ciudadanos que pagan". Griñán lo tiene claro: "No puede ser que quiénes ingresen menos por renta reciban más por solidaridad. Todos tienen que recibir lo mismo". Andalucía apoya corregir la situación y admite que Cataluña está infrafinanciada. Pero de ahí a que recorte su aportación a la solidaridad va una guerra. La que debe librarse y en la que según dijo ayer el Gobierno: "No puede haber perdedores".
