La Comisión Europea propuso ayer suspender las ayudas comunitarias de cohesión, agricultura y pesca a los países que incumplan la disciplina presupuestaria, en el marco de su iniciativa para reforzar la vigilancia y evitar una nueva crisis de deuda como la que se ha desencadenado desde Grecia.
Bruselas explicó, a través de un comunicado, que en cuanto se detecte un déficit público excesivo en un país socio, la CE podría reasignar ciertos compromisos de pago relacionados con programas europeos multianuales en ese Estado miembro.
Esto no significaría, aclara, la retirada efectiva de los fondos, lo que daría tiempo a los países infractores a corregir su situación presupuestaria y salvar, por ende, las ayudas.
Sin embargo, en caso de que los países siguieran incumpliendo las recomendaciones para la corrección de su déficit excesivo, la Comisión congelaría "todos los compromisos presupuestarios", lo que significaría "la pérdida definitiva de los pagos para el país afectado", según el texto enviado por el Ejecutivo comunitario.
Eso sí, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Renh, quiso aclarar, en la rueda de prensa posterior a la publicación de las propuestas, que esas sanciones no afectarían directamente a los beneficiarios de los fondos, pues los Estados estarán obligados a continuar abonando los subsidios aunque no sean reembolsados por la Comisión Europea.
Sin embargo, con el objetivo de prevenir antes que curar, el Ejecutivo europeo propuso además la posibilidad de imponer la apertura de un depósito que cree intereses a los países socios que no estén progresando adecuadamente en la consolidación presupuestaria.
Bruselas evitó detallar ninguna propuesta de cifras en cuanto a las multas o el depósito, pero consideró necesario que sean empleados "preventivamente y con anterioridad" a lo que prevé actualmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Por otra parte, Bruselas también planteó que el criterio de la evolución de la deuda pública sea vinculante en el procedimiento sancionador por déficit excesivo. En estos momentos, la legislación europea fija en el 60% del PIB el máximo de deuda pública en que pueden incurrir los gobiernos, si bien ese factor no cuenta a la hora de abrir un procedimiento o de sancionar a un país.
El comisario Rehn también reconoció que, aunque no será decisiva a la hora de imponer castigos, la deuda privada será uno de los factores tenidos en cuenta en el proceso, lo que afectaría negativamente a países como España, con un nivel de endeudamiento del sector privado (hogares y empresas) 61 puntos porcentuales superior a la media de la Zona Euro.
Por otro lado, la Comisión Europea también desea ampliar la vigilancia sobre los desequilibrios macroeconómicos en la región y especialmente en el Eurosistema, de ahí que abogue por un sistema de indicadores que sirva para hacer recomendaciones y lanzar alertas a los países que no estén afrontando sus retos adecuadamente.
De esta manera, se obligaría a los Estados a ponerse bajo una estricta vigilancia.
España, uno de mayores receptores de subvenciones
La advertencia de Bruselas hace referencia al déficit excesivo una vez que, en 2013, los países miembros lleven sus números rojos al límite del 3% que exige el Pacto de Estabilidad. Por tanto, no afecta a los fondos que ahora se reciben, asegurados hasta 2013.
España es uno de los grandes receptores de esos fondos y, en concreto, de ayudas agrarias, siendo el segundo país que más recibe de estas últimas, tras Francia.
Precisamente el presupuesto europeo actual se agota en 2013, y los Estados habrán de negociar uno nuevo para el siguiente septenio, en el que España dejará de ser beneficiaria de los fondos para las regiones Objetivo 1, si bien mantendrá los estructurales. Sólo el campo español recibe 8.000 millones de euros anuales.
