Será el octavo acuerdo de concertación que se firme en Andalucía y tiene que ser distinto a todos los anteriores. Es casi lo único que se puede afirmar tras arrancar ayer la negociación del futuro modelo económico con una ronda de entrevistas bilaterales de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con CCOO, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Fue una primera toma de contactos y no hubo ningún acuerdo, ni siquiera sobre sus actores o su fecha. El actual pacto de concertación, que caducó el pasado diciembre, sigue el formato de todos los que en Andalucía se firman de forma ininterrumpida desde 1993 y se limita a la Junta y estos tres agentes económicos y sociales. Díaz ya advirtió que eso quedaba atrás y se mostró dispuesta a «abrir en canal» el modelo. Se sabe que el Gobierno andaluz quiere dar voz a nuevos representantes, como las organizaciones de economía social o los autónomos, que representan una base muy importante de la economía. Los sindicatos aceptan, la CEA no. La Junta señaló que la negociación comenzará antes de las próximas elecciones europeas, previstas el 25 de mayo.
Las negociaciones arrancan en un contexto muy singular. Hay un millón y medio de parados en la comunidad, la tasa más alta del país, y en la Junta, como pregona el Gobierno, también están convencidos de que empiezan a vislumbrarse los primeros síntomas de recuperación económica. Es el momento, aseguran fuentes del Ejecutivo, de pisar el acelerador. El pacto, si se produce, nacerá marcado por la estrechez presupuestaria. Adiós a los acuerdos de concertación regados abundantemente con fondos llegados fundamentalmente de la UniónEuropea. El Presupuesto andaluz de 2014 contiene la previsión de un plan de choque contra el paro, similar al que ya está en vigor, dotado con 200 millones de euros y destinado, fundamentalmente, a parados de larga duración, que contempla la financiación de obras en colegios, mejora de infraestructuras rurales y rehabilitación de viviendas. No se conoce si la Junta pondrá más dinero en la concertación ni de dónde saldrán esas cantidades. Expertos y políticos dan por amortizado el modelo vigente y en muchos ámbitos se pone en duda su utilidad. Está desacreditado. Su imagen viene lastrada por los últimos escándalos que investigan los tribunales sobre el uso y el destino que han tenido los fondos públicos destinados a la formación y gestionados por sindicatos y patronal dentro de la concertación. Sobre UGT hay una causa abierta por presunta malversación. Según los datos oficiales, los siete acuerdos de concertación en Andalucía han movilizado 128.000 millones de euros de dinero público y privado y ante un 36,4% de paro los expertos aseguran que queda demostrado que el pacto no es la panacea. Todos los actores del actual acuerdo, excepto el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, son nuevos. Ni la presidenta de la Junta, ni la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ni el presidente de la CEA, Javier González de Lara han rubricado antes ningún acuerdo. Ayer se produjo, de hecho, el primer encuentro oficial entre Díaz y Castilla, una foto que tenía especial relevancia para medir la temperatura en las relaciones entre la Junta y UGT, tradicionalmente hermanados y en los últimos tiempos distanciados por el escándalo de supuesto fraude de fondos públicos del sindicato.
El primero en comparecer fue Carbonero. Admitió que no se había hablado de financiación. Lamentó que el Pacto por el Empleo firmado hace un año con el expresidente José Antonio Griñán «no se ha desarrollado», achacándolo a los sucesivos cambios en el Gobierno, UGT y CEA, y que «habría que empezar una cosa nueva». Dejó claro que CCOO no aceptará un acuerdo inconcreto y que reclamará poder evaluar los resultados, porque si no «no tendrá credibilidad». Y fue difuso sobre si su sindicato, como ya había señalado antes, estaba dispuesto a renunciar a la gestión de los cursos de formación para parados, ahora además que el Gobierno central plantea una ley que pondrá esta gestión en manos de empresas privadas. Carbonero aceptó que se sienten nuevas organizaciones que sean «interlocutores legitimados». «La sopa de letras de un montón de organizaciones de autónomos, no» o que «entre en la concertación todo el que pase por la puerta de San Telmo», tampoco, subrayó. En la misma línea se pronunció la representante de UGT, Carmen Castilla, que insistió en que el nuevo acuerdo tiene que ser evaluable y rechazó, como su homólogo de CCOO, que a la mesa se sienten los ayuntamientos o los partidos políticos. La líder ugetista valoró un encuentro «cordial» y garantizó la máxima colaboración para esclarecer el presunto fraude cometido por UGT con fondos de formación. Desde la CEA, su presidente, Javier González de Lara, rechazó tajantemente la incorporación al diálogo de organizaciones de la economía social como Cepes. «No se puede abrir el diálogo a quien no ha acreditado su representatividad», sostuvo. El responsable de la patronal rechazó también la creación de la banca pública, un Instituto de Crédito Andaluz, que ya estudia el Parlamento.
