El futuro reglamento andaluz del taxi finalmente no establecerá ratios según el tamaño y población de las ciudades, como otras normas autonómicas, salvo una excepción: la capital hispalense. Las presiones del sector han conseguido incluir en el último y definitivo borrador que se fije para Sevilla una ratio de 2,5 vehículos por cada 1.000 habitantes.
La proporción está por debajo de la existente actualmente, casi 3,2 coches por cada millar de vecinos. De hecho, desde hace un año, los taxistas reclaman al Ayuntamiento de Sevilla la eliminación de 104 licencias de las 2.140 existentes actualmente, motivo por el que el sector protagonizó una sonora huelga el pasado otoño que colapsó la ciudad.
Entonces, el equipo de gobierno se comprometió a encargar informes independientes sobre la situación de la prestación y los asalariados y a negociar la reducción de la flota. No obstante, el futuro reglamento exigirá que cualquier modificación en el número de licencias, para aumentarlas o reducirlas, se haga previo informe vinculante de la Consejería de Obras Públicas.
En este caso, la capital hispalense no será ninguna excepción: si la Junta de Andalucía determina que no hay necesidad de reducir licencias, el Ayuntamiento de Sevilla no podrá hacerlo. De todas formas, el reglamento determina que todas las licencias existentes cuando entre en vigor seguirán teniendo validez, aunque superen la ratio prevista para Sevilla y la mínima establecida para los municipios de menos de 50.000 habitantes (0,5 por cada 1.000 vecinos). La propuesta que en su día puso sobre la mesa el consistorio es un modelo de rescate de licencias en el que se redujese la aportación económica municipal. Si el consistorio lo solicitara, la Junta de Andalucía tendría que estudiar y emitir un informe preceptivo en un plazo de dos meses, el responsable del sector en UGT, Manuel Romero, subraya que lo sí ha dejado claro Obras Públicas es que no aportará fondos para la supresión de licencias.
Ya a finales del pasado mes de junio, la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincia (FAMP), UGT y CCOO, las federaciones profesionales de taxistas autónomos, rurales y de la Costa del Sol y las asociaciones de usuarios cerraron el acuerdo sobre la norma después de hasta 15 borradores. El texto es objeto ahora de su análisis por parte de los servicios jurídicos para asegurar su legalidad y se prevé darle el último visto bueno en una reunión de la mesa de negociación a mediados de septiembre con el objetivo de aprobarlo antes de fin de año. Los consistorios tendrán 15 meses para adaptar sus ordenanzas.
El vicepresidente de la Unión Sevillana del Taxi, Antonio González, defiende la excepción hecha al imponer una ratio en Sevilla ya que el número de licencias "está por encima de todas las ciudades de similares características" y es muy superior a la de cualquier capital de provincia: "En Málaga, con pocos menos habitantes que Sevilla, el número de licencias es mucho menor".
