La imagen del campo ha estado tradicionalmente vinculada al hombre, pero son muchas las mujeres que trabajan la tierra en España, sobre todo en las zonas más rurales como Andalucía. Sin embargo, la igualdad entre ambos sexos es una asignatura pendiente en un sector en el que las agricultoras no tienen voz ni voto en la mayoría de las ocasiones, y esto se debe a que aún no se ha desarrollado la posibilidad de la cotitularidad de las explotaciones agrarias. Esto es, en gran número de casos, sólo el hombre tiene potestad sobre las tierras, incluso siendo la mujer la propietaria de las mismas. Y no afecta a pocas: la cotitularidad real beneficiaría a 400.000 agricultoras repartidas por todo el país.
El Gobierno ya se planteó hace un año y medio abordar esta problemática, aunque en el final de la legislatura piensa pisar el acelerador. En este sentido se dieron los primeros pasos a finales de 2008, cuando se aprobó un Real Decreto que reconocía la titularidad compartida, aunque no dejaba de ser una figura jurídica sin desarrollar. Fue entonces cuando se encargó un estudio más profundo con el fin de alcanzar la cotitularidad real en el campo.
En octubre se creó el Grupo Interministerial de Titularidad Compartida en Explotaciones Agrarias (Gitic), en el que, además del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), participan los Ministerios de Justicia, Economía y Hacienda, Trabajo e Inmigración, y Sanidad, Política Social e Igualdad, ya que se trata de una iniciativa que afecta a todos los departamentos nombrados.
"El objetivo es dar solución en un breve plazo a una cuestión que es de justicia, ya que se dará rango de ley", señala el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del MARM, Jesús Casas, que asegura que a principios de año "habrá un primer rudimento" y que en marzo estará listo el primer borrador, que se llevará a las Cortes a mediados de año para ser votado como proyecto de ley.
"Pretendemos que este asunto cuente con el mayor consenso posible, de ahí que estemos en contacto continuo con las asociaciones de agricultoras para conocer su opinión", subraya Jesús Casas. Además, se mantienen conversaciones con las Organizaciones Profesionales Agrarias, las comunidades autónomas y los distintos grupos políticos.
Y es que hasta ahora las explotaciones agrarias sólo cuentan con un titular, que suele ser el marido, a efectos legales. ¿Cómo se traduce esta circunstancia? En que la mujer tiene que tener obligatoriamente el visto bueno de su pareja para solicitar un crédito en una entidad financiera, para pedir las ayudas que le corresponden procedentes de la Política Agraria Común (PAC) o para la contratación de jornaleros en los momentos de recogida.
"Es difícil saber a cuántas mujeres le afectará la nueva normativa, ya que es una cuestión sobre la que hay un grado alto de insensibilidad y, entre otras cosas, hay que cambiar el modelo de estadística, aunque desde el Ministerio barajamos que unas 400.000 mujeres trabajan en igualdad en el campo con sus maridos pero no son cotitulares de las explotaciones". De hecho, añade Casas, "muchas de ellas no están ni dadas de alta en La Seguridad Social".
De hecho, el objetivo de todo este trabajo es que "tenga una visualización en la sociedad agraria, que se traslade a ella", destaca. Muchas mujeres, al final de una dura vida en el campo, se quedaban simplemente con la pensión de viudedad.
El papel del Gitic. Creado por Acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 15 de octubre, el Gitic tiene como objetivo la elaboración de un proyecto de ley específico para regular de forma completa la figura de la titularidad compartida, así como la materialización de aquellas medidas o acciones adicionales que promuevan esta figura.
Para la elaboración de ese proyecto de Ley, se acordó en otoño estudiar la incorporación en su articulado de algunos aspectos como la ampliación de los efectos de la titularidad compartida, creando una figura societaria específica, así como las ampliación del perfil de las personas que pueden acogerse a ella, el establecimiento de un conjunto de actividades que pueden considerarse como agrarias, y la forma de incentivar la afiliación de la mujer rural a la Seguridad Social.
También analizará la posibilidad de introducir fórmulas para mejorar la capacidad de evaluación y conocimiento de las citaciones, establecer incentivos y mecanismos de bonificación, facilitar la capacidad de la mujer para realizar gestiones administrativas y reforzar el enfoque de género en el medio rural.
