MURCIA
La Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, de 27 de diciembre, afecta tanto a la administración general como al sistema sanitario y educativo. Modifica la jornada laboral de los trabajadores públicos (de 35 a 37,5 horas semanales) y su salario, con la supresión de complementos y la suspensión de acuerdos sindicales para progresivos aumentos. Murcia, gobernada por el PP, es una de las comunidades más endeudadas y ha recibido el toque del Gobierno central para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. La norma también suspende la convocatoria de Oferta de Empleo Público pero no entra en la reordenación, que tendrá que acometerse en el primer trimestre de ese año. Cada consejería deberá proponer las fusiones o absorciones de sus empresas públicas. La ley fija que al final no pueden quedar más del 30% de las que había al terminar 2010 (102 en el último inventario del Ministerio de Economía, de julio). La reforma provocó una fuerte movilización sindical en la calle en un clima de tensión en el que se produjo una brutal agresión al consejero de Cultura.
CATALUÑA
El tripartito aprobó la reforma en agosto por decreto-ley, justificando esta fórmula en el fin de la legislatura y la necesidad de reducir el déficit presupuestario. Es la reordenación más parecida a la andaluza en cuanto a las condiciones laborales del personal que pasa a las nuevas agencias públicas que subrogan o fusionan empresas públicas. Los funcionarios y laborales pasarán de forma voluntaria y en el caso de los primeros se integran como laborales conservando su antigüedad y quedan excedentes como funcionarios. Los contratados de las empresas públicas que se extinguen se integrarán en las nuevas agencias con sus condiciones actuales. Además se garantiza que determinadas funciones y puestos directivos que implican potestades públicas serán ejercidas por funcionarios. Afecta a 63 entidades (el Ministerio inventarió en julio 451), con la supresión del tres empresas públicas, el Instituto de Promoción de Formación y Cooperativas y la creación de la Agencia de Calidad y Desarrollo Profesional en Salud y la Agencia catalana del Deporte, entre otros.
CASTILLA LA MANCHA
La Ley de reordenación del sector público, de 9 de diciembre, suprime cuatro organismos autónomos cuyas funciones se integran en la administración general (la Agencia de calidad universitaria y los Institutos de Estadística, Consumo y Juventud) y extingue la Agencia de captación de inversiones. Se crea el Instituto Don Quijote de promoción turística y cultural y se modifican las empresas públicas de Gestión de Infraestructuras (que absorbe los entes públicos de Servicios, Infraestructuras y Asistencia y Servicios Hospitalarios Generales) y Gestión Ambiental (que integra la empresa pública de Inspección y Certificación Agroalimentaria). El personal de los entes extinguidos se adscribe a las consejerías que asumen sus competencias en unas condiciones que cada departamento deberá delimitar mediante la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo. Según el último inventario del Ministerio de Economía, en Castilla La Mancha, gobernada por el PSOE, había 84 empresas públicas, organismos autónomos y fundaciones.
MADRID
La reforma del sector público del Gobierno popular de Esperanza Aguirre se incluye en una ley, de 23 de diciembre, que contiene también medidas fiscales. Suprime por extinción una veintena de organismos públicos y consultivos como los consejos de la Mujer y la Juventud, el Instituto de Administraciones Públicas o el defensor del paciente y de empresas públicas con forma de sociedades mercantiles que se fusionan o son absorbidas como Aeropuertos de Madrid, Servicios Integrales de Agua, la Sociedad Turismo de Madrid, Campus de la Justicia o el Consorcio de la Escuela de Hostelería. Además enajena su participación en otras cuatro sociedades y dos fondos de capital riesgo. Según el Ministerio, Madrid tiene 170 entes públicos. Sobre el personal de los entes extinguidos no deja clara la obligación de su subrogación y sólo indica que provisionalmente pasará a depender de la consejería correspondiente en tanto el proceso de reforma se culmina (la norma fija de plazo hasta el 31 de diciembre de 2011). Pero lo que más polvareda ha levantado es la limitación de los derechos sindicales, ya que se suprime todo lo ganado en los convenios colectivos que exceda al Estatuto de los Trabajadores, limita el número de juntas de personal y secciones sindicales y reduce el número de horas sindicales y el derecho a acumularlas. Además permite la contratación temporal y el nombramiento de funcionarios interinos para servicios esenciales cuando sea necesario sin vincularlo a una Oferta Pública de Empleo previa.
GALICIA
La reforma del Gobierno popular de Alberto Núñez Feijóo, aprobada por ley el 17 de diciembre, acaba de entrar en vigor y ordena tanto la estructura interna de la propia administración (en cuanto a los organigramas, jerarquías y funciones en las consejerías) como el sector público externo. Restringe la futura creación de entes -actualmente hay 161-, que debe justificarse por necesidad, evitar duplicidades y prever la supresión de las competencias que asuma en otros organismos. Crea tres agencias (Innovación, Modernización Tecnológica e Infraestructuras) y da un año para que la Radiotelevisión, la empresa pública de Obras y Servicios Hidráulicos y la de Puertos se conviertan en empresas públicas empresariales y siete institutos y agencias (como la de Emergencias, Desarrollo Rural o Gestión Tributaria) en agencias públicas, así como la adaptación de los consorcios. En todos los tipos de entidades públicas que prevé la ley caben funcionarios, laborales y contratados, que en principio pasan con sus propias condiciones y se establece la oferta pública de empleo para futuras incorporaciones. Se fija la selección de los directivos por mérito y capacidad y su sueldo no podrá superar el del presidente de la Xunta (salvo excepciones por especial cualificación profesional). Se abre la puerta a establecer procedimientos, negociados con los sindicatos, para convertir en personal laboral de la Xunta a los contratados fijos de las empresas públicas y a los laborales fijos de la administración a adquirir la condición de funcionario de carrera por promoción interna. Esto ha servido al Gobierno de Griñán para criticar la doble vara de medir del PP al oponerse a la reforma andaluza.
