La extralimitación y el carácter desproporcionado de la investigación y las detenciones practicadas tras la misma centraron los argumentos de los abogados defensores tanto de Del Valle -en libertad bajo fianza de 600.000 euros tras pasar siete meses en prisión- como de los 18 imputados que finalmente se sentarán en el banquillo (de un total de medio centenar de detenidos inicialmente, entre ellos tres notarios) en el primer macrojuicio que acoge la Ciudad de la Justicia de Málaga y que se prevé que se prolongue unos seis meses.
Según la Fiscalía, el abogado diseñó un entramado internacional de sociedades con conexiones en Turquía, Finlandia, Argelia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos y el propio imputado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
El escrito de acusación mantiene que algunas de esas sociedades supuestamente se emplearon para el blanqueo de fondos económicos de origen ilícito por parte de varios de los procesados, clientes del despacho de Del Valle, entre los que figuran individuos relacionados con grupos criminales organizados.
Durante las cuestiones previas del juicio, el abogado de Del Valle, Horacio Oliva, señaló que el registro de las cuatro sedes del bufete fue desproporcionado, ya que "se llevaron todas las carpetas y todos los discos duros" en vez de examinar las carpetas concretas de los clientes investigados y que se violó "el secreto de las comunicaciones" entre abogado y cliente y la protección de datos de más de 2.000 personas para arrestar a 50.
Oliva criticó que se realizó una "una investigación meramente prospectiva" basada en la "hipótesis de trabajo de la Policía" y cuestionó la relación de Del Valle con el resto de acusados y limitó su implicación a que simplemente constituyó una sociedad para un cliente relacionado presuntamente con la trama.
La defensa de Del Valle criticó que el caso haya "adelgazado" y que en un principio se hablase de 250 millones de euros blanqueados y ahora la Fiscalía acuse a su cliente de haber limpiado 12 millones, por lo que la "ballena blanca sería el chanquete blanco", ironizó. Por esos hechos, el fiscal pide 15 años de prisión y 37 millones de multa.
Los abogados de otros acusados que comparecieron ayer basaron sus discursos en la vulneración de los derechos de defensa de sus clientes. Así, el letrado de uno de ellos, José Carlos Aguilera, denunció que "hubo extralimitaciones" durante la investigación policial y se efectuaron detenciones que "nunca se debieron de producir", que "no se justificaron ni fueron necesarias". Otros letrados denunciaron que algunos escritos no pudieron ser traducidos, con lo que no se garantizó el derecho a la defensa, y acusaron al primer instructor Miguel Ángel Torres, de apropiarse del caso por interés "mediático". En la operación policial se intervinieron recursos por 350 millones, más de 250 fincas, la mayoría en la Costa del Sol, y 40 vehículos de alta gama. Se practicaron registros domiciliarios en Estepona, Marbella y Mijas, pero también Sotogrande en San Roque (Cádiz) y en Alicante.
En la investigación colaboraron jueces y fiscales de Francia, Holanda, Rusia, Alemania, Reino Unido, EEUU y Canadá. Inicialmente se investigó la presunta implicación del mayor accionista de la petrolera rusa Yukos, Leonid Nevslin, si bien en noviembre del año pasado, el juez -que sustituye a Torres- archivó provisionalmente la pieza que investigaba el presunto blanqueo de fondos de la rusa Yukos aunque ordenó seguir investigando un supuesto delito contra la Hacienda Pública por ocultación de beneficios.
