Con la decisión del Banco de España se pone punto y final a una complicada historia, la de Cajasur, plagada de desencuentros con el Gobierno andaluz. Si hay una cronología que diga a las claras lo difícil que las cajas andaluzas se lo han puesto al Ejecutivo autonómico, ésa es sin duda la de la entidad cordobesa.
Hay que remontarse mucho para entender el conflicto en toda su dimensión. Corría 1999 cuando la Junta anunció una nueva ley de cajas a la que Cajasur, con su presidente, entonces el sacerdote Miguel Castillejo, declaró la insumisión. La norma recortaba el poder de la Iglesia en la entidad, ponía límites a los mandatos de los presidentes y una edad de jubilación. Significaba que Castillejo, 25 años rigiendo en la entidad y muy poderoso en Córdoba, tenía que abandonar el sillón. La caja, que reunió a 7.000 personas en una manifestación, maniobró legalmente -el PP acudió al Tribunal Constitucional- contra la ley andaluza. Cajasur consiguió situarse bajo el paraguas del Ministerio de Economía, entonces del PP.
Permaneció fuera del sistema financiero andaluz hasta 2005. Sería Griñán, recién aterrizado entonces en el Gobierno de Chaves como consejero de Economía, quien logró su vuelta. Se jubiló Castillejo -con una polémica póliza de 2,9 millones de euros-, llegó Juan José Asenjo -hoy arzobispo de Sevilla- y después Santiago Gómez Sierra, que le echó un pulso a la Junta tan desafiante como el de Castillejo.
Duró la paz entre Cajasur y la Junta cuatro años. En 2009 la crisis comenzó a hacer aflorar los problemas económicos de la entidad. El Banco de España le emplazó a una fusión. Cajasur se resistió pero finalmente, para satisfacción del Gobierno andaluz, abrió conversaciones con Unicaja. Tras un año de tiras y aflojas y después de que el Gobierno andaluz allanara el camino con una modificación de su ley de cajas, Gómez Sierra hizo estallar la fusión. El 22 de mayo entró el Banco de España. Al Gobierno andaluz se le destrozó su guión.
