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La falta de consenso deja el dragado en manos de políticos

Los científicos evitan pronunciarse y el Puerto insiste en dragar en 2011

el 18 feb 2011 / 11:44 h.

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Fausto Arroyo, Javier Ruiz, Fernando Hiraldo (de pie), Miguel Losada y Manuel Fernández.

Tras realizar el análisis más completo del mundo sobre un estuario, con 80 millones de datos recogidos, los investigadores eludieron ayer pronunciarse sobre si el dragado que propone el Puerto es conveniente o no. Sólo remarcaron que el río es "un enfermo con fallo multiorgánico", que su estuario es "uno de los que está en peores condiciones de toda Europa" y que, por tanto, es "ineludible" una gestión "integrada e integral". Por eso, y ante la falta de consenso, será un comité político quien tenga la última palabra, lo que podría retrasar los planes del Puerto.

Durante la presentación del informe Propuesta metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir, dirigido por Javier Ruiz (del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, dependiente del CSIC) y Miguel Ángel Losada (del Centro Andaluz de Medio Ambiente de la Universidad de Granada), el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, insistió en que el dragado del río "por supuesto que se hará este año", si bien añadió que será el comité de autoridades competentes el que decida "las reglas de juego". "Presentaremos nuestro proyecto y nos tendrán que decir cómo hacerlo", apostilló. Antes, a partir de junio, se llevará a cabo el dragado de mantenimiento que se hace todos los años, que en esta ocasión servirá de ensayo para los científicos.

"Si se deja de dragar, en Sevilla no se podría vivir por el olor. La situación ambiental empeoraría", indicó Miguel Losada, mientras que Fernández añadió que si no se hace el dragado de mantenimiento, el río se "colapsaría". No obstante, las pretensiones del Puerto van más allá, ya que prevé dragar hasta los ocho metros de profundidad para que entren barcos de mayor calado. Sin ello, la nueva esclusa no podría rentabilizarse.

Según Fernández, el consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, envió una carta a la ministra del ramo, Rosa Aguilar, para que cree lo antes posible el comité de autoridades competentes que prevé la Ley de Aguas. Un órgano del que no se conocen sus miembros ni su calendario de reuniones. Con todo, Fernández insistió en que espera que se constituya "en breve" y que el dragado empiece en 2011, después del visto bueno al informe sobre las márgenes que exige la Declaración de Impacto Ambiental.

Fernando Hiraldo, director de la Estación Biológica de Doñana y coordinador del CSIC en Andalucía, sentenció que lo primero que hay que hacer es "salvar al río", según estudios de seguimiento y experimentales previos a la actuación definitiva. El CSIC tiene ya trabajo garantizado para muchos años.

Los arroceros y los ecologistas lamentaron la posición de los expertos y criticaron que se vuelva a crear otra comisión, pese a que los datos indican que el dragado sería "malo" desde el punto de vista medioambiental y para los cultivos. "Nos están mareando. Los expertos no se quieren pronunciar, pero los datos son claros", criticó Lola Yllescas, portavoz de Ecologista en Acción.

Julián Borja, presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, admitió que la comparecencia le "defraudó". "Se pasan la pelota. El fallo está en que el informe se lo encarga el Puerto al CSIC, y no el ministerio. Si yo encargo un estudio, quiero que sea beneficioso para mí", denunció.

Mientras, el consejero Díaz Trillo decía que antes de acometer el dragado se deben corregir los problemas del río. Cuando las debilidades estén corregidas "habrá que tomar la decisión adecuada, antes no", aseveró. Según el informe, el estuario es un "ecosistema muy alterado con sus funciones naturales anuladas".

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