La sobrina del poeta, Laura García-Lorca, ha asegurado que no se presentarán alegaciones a la apertura de la fosa pero sí trasladan a la Junta dos "exigencias": que la exhumación se lleve a cabo "en la intimidad, con todo el respeto a la memoria de Federico, con absoluta discreción y alejada de todo espectáculo o circo mediático" y que el cuerpo se mantenga en el barranco de Víznar, ya que este espacio se ha convertido "en un lugar de referencia para los defensores de la libertad y los seguidores de su obra".
"Nos parece muy razonable que se investigue la identidad de las personas que hay en la fosa, porque entendemos que sus familias tienen derecho a ello, a que se conozca quiénes son las víctimas, pero en el caso de Lorca creemos que nada justifica la exhumación. Creemos que debe permanecer allí enterrado", añade la sobrina.
Así, según las citadas declaraciones, la sobrina de Lorca afirmó que su familia no realizará "movimientos que impidan o dificultan" este proceso abierto por la Consejería andaluza de Justicia.
El Boletín Oficial de la Junta (BOJA) contenía ayer una disposición desconocida hasta ahora en las políticas de Memoria Histórica: el Gobierno andaluz abre un plazo de 15 días hábiles para que se presenten las alegaciones oportunas a la decisión de exhumar la fosa donde se encuentra el poeta Federico García Lorca.
El enterramiento, ubicado entre la carretera de Víznar a Alfacar, en la zona de Fuente Grande, y el paraje de El Caracolar, en Granada, contiene también los restos del profesor Dióscoro Galindo, los banderilleros Joaquín Arcollas y Francisco Galadí y el inspector de tributos Fermín Roldán -este último nombre, desconocido hasta ahora, fue filtrado por la Junta el mes pasado-. Ha sido gracias a la petición de las familias de Galindo, Galadí y Roldán, unida a la de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, que la Junta se ha dignado a emprender el proceso de apertura de la fosa.
Lo que pretende la Consejería de Justicia con esta disposición es que aquellas personas que no estén de acuerdo con la apertura de la fosa justifiquen su oposición y presenten argumentos que convenzan a la administración de por qué debe mantenerse cerrada esa tumba común.
Como explica Cecilio Gordillo, miembro de CGT y responsable de la plataforma Todos los nombres, es "extraño" que se permitan estas alegaciones, cuando lo habitual en casos anteriores es que la administración -local o autonómica- decida o no exhumar sin más trámite previo. "Nunca se ha pedido permiso. La resolución del BOJA se ha hecho exclusivamente para la familia Lorca", se teme.
Y es que los allegados del dramaturgo siempre se habían opuesto a la apertura de la fosa y todo apuntaba a que ahora se repetiría su postura, como temen desde la asociación granadina de memoria. Sólo en septiembre del año pasado, cuando la intervención del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó a abrir el enterramiento, los sobrinos de Lorca, Laura García-Lorca y Manuel Fernández-Montesinos, reconocieron que acatarían la justicia y no denunciarían la exhumación. Como Garzón se declaró más tarde incompetente para enjuiciar casos de memoria, el proceso quedó en nada.
La familia insiste en que la fosa es un lugar que no se debe profanar, un espacio para el recuerdo y el homenaje.
La Junta, que ayer se remitió al texto del BOJA por toda reflexión, se acoge al artículo 13 de la Ley de Memoria Histórica para abrir el plazo de alegaciones, pues la norma "obliga a ponderar la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados", y a hacerlo con un proceso público.
Recta final. Pese a las sombras que se ciernen sobre el proceso, la asociación de Granada quiere mantener el optimismo. "Si no se oyen esas alegaciones el proceso de apertura podría iniciarse en octubre, porque ya se ha firmado el convenio necesario con la Diputación", explica Rafael Gil, su vicepresidente. La Junta defiende que, si se abre, los cuerpos se examinarán "con todo respeto".
