La familia de Marta del Castillo ha incluido en su larga lista de testigos para el juicio a los cuatro adultos implicados en el crimen a los tres abogados de oficio que asistieron a Samuel Benítez, el amigo de Miguel Carcaño, en sus declaraciones policiales. El objetivo es corroborar o desmentir si el joven sufrió algún tipo de presión policial, como el alega para justificar su cambio de versión y declararse inocente tras confesar su participación en el crimen.
Samuel sostuvo en sus declaraciones ante la Policía que colaboró con el asesino confeso de la chica, ayudándole a deshacerse del cuerpo. El chico, que estuvo en prisión preventiva casi diez meses , relató que la noche del 24 de enero de 2009 acudió al piso de León XIII y que colaboró en llevar a Marta hasta la pasarela peatonal desde la que arrojaron el cuerpo al Guadalquivir. Su amigo Miguel fue el que le situó en la escena del crimen y, posteriormente, el menor de edad implicado también lo hizo. Estas declaraciones las hizo con la presencia de tres letrados de oficio diferente.
Sin embargo, cuando pasó a disposición judicial el chico cambió de abogado defensor y también su versión para declararse inocente. Según explicó hizo aquellas declaraciones ante las presiones policiales, hablando incluso de lesiones, por las que le pidió al juez que fuera examinado por un forense. Una exploración que el magistrado le denegó.
Ahora, el abogado de la familia, José María Calero, propone la prueba con el fin de averiguar si los abogados que asistieron a Samuel observaron algún tipo de indicio de tortura o presión policial. Una prueba nada habitual, ya que los abogados están acogidos al secreto profesional, que le impide revelar datos sobre la asistencia letrada a un cliente. Calero entiende que explicar en qué condiciones se produjo en esa declaración no es incompatible con el secreto profesional y que los letrados no incurrirían en ninguna infracción, ya que no van a ser preguntados sobre el contenido de la declaración del chico ni sobre lo que les contó.
No obstante, esta prueba debe ser aceptada antes por el tribunal que juzgará el caso, aunque si es denegada, la familia tiene la opción de recurrirla. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico, señalaron que este tipo de testifical "no es procedente", ya que "no utilizar como prueba de cargo el testimonio de unos abogados que fueron su defensa es una barbaridad". Asimismo, estas fuentes destacaron que "de haberse producido las presiones y torturas de las que el joven habla estos abogados se hubieran negado a firmar el acta de declaración". En el caso que la Audiencia acepte la prueba, también cabe que estos abogados se nieguen a declarar en el juicio acogiéndose al secreto profesional o incluso a ir a la vista.
Esta mima situación ocurrió con los abogados de oficio que asistieron a los etarras detenidos en Sevilla en 2000 (por el asesinato de Muñoz Cariñanos, entre otros, y por la colocación de varias fiambreras-bomba), cuando el fiscal que ejercía la acusación contra ellos pretendía citarlos como testigos. El abogado de los padres entiende que este caso era comprometido, por la propia seguridad de los letrados, una circunstancia que no se da en este.
En el juicio, Samuel se enfrentará a cinco años de prisión por los delitos de encubrimiento, profanación y contra la integridad moral.
