La Federación Española de Fútbol (RFEF) no contempla descender al Hércules por la presunta compra de partidos desvelada por El País y archivada por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, José Luis de la Fuente.
Según han confirmado a El Correo fuentes federativas, y pese a la insistencia del Consejo Superior de Deportes (CSD), el organismo que preside Ángel María Villar, el único competente para adoptar medidas de tipo disciplinario en Primera y Segunda, delegaría en la justicia ordinaria la resolución del tema.
En caso de que la justicia acepte definitivamente las grabaciones ordenadas por un juez como prueba del Caso Brugal -trama de adjudicaciones irregulares de contratos- y condene al Hércules, la FEF acataría la resolución. El problema sería la demora, pues el Caso Obradoiro, equipo gallego que ascendió a la ACB por una falsedad documental del CB Murcia, se resolvió 13 años después de la denuncia.
En el marco de la investigación se dibujan tres panoramas diferentes. Si el Hércules es finalmente castigado por la FEF ante el consejo del CSD y decide descender al cuadro alicantino, el beneficiario podría ser el Betis, cuarto del anterior capítulo en Segunda, o el Valladolid, el descendido de Primera con la mejor puntuación.
La legislación es diferente si hay vacantes en Primera y Segunda, responsabilidad de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), o si las hay en Segunda B. La LFP salva al que más sumó de los descendidos.
La RFEF, sin embargo, asciende al mejor clasificado de la categoría inmediatamente inferior. Con todo, ese supuesto es sólo para los casos de descenso por impagos. En el reglamento no existe ninguna referencia explícita a qué método de repesca se emplearía si la vacante se produce por una sanción disciplinaria.
Hasta el día de hoy no ha habido ningún antecedente en España. Y en el vacío legal se apoya la teoría del Valladolid, que reclama su plaza.
Las otras dos posibilidades son remotas. Existe la opción de que la FEF aceptase finalmente descender al Hércules y premiase a Valladolid y Real Betis, aunque la más factible, y que algunas fuentes federativas calificaron ayer a este medio de "relativamente lógica", sería la de castigar a los del Rico Pérez y configurar la Primera División con 19 conjuntos, la medida que introduciría en el marco de debate la Liga de 18.
Competencias
El único aspecto claro del Caso Brugal es que la Federación es la única competente en adoptar medidas disciplinarias en relación a presuntos sobornos o sanciones jurídicas. Así, y según rezan los puntos 3 g y h del artículo 105, son competencias exclusivas de la RFEF "resolver, también de oficio o por denuncia cualesquiera cuestiones que afecten a la clasificación final y a las situaciones derivadas de la misma, como ascensos, descensos...".
Del mismo modo, el organismo de Villar se reserva el derecho a "resolver acerca de quién deba ocupar las vacantes que se produzcan en las distintas divisiones por razones ajenas a la clasificación final, en los casos y forma que prevé el reglamento general". Así, a priori será la justicia ordinaria la que decida sobre el futuro del Betis, aunque ya para entonces pueda ser un tema de su pasado más cruel.
