La Fiscalía del Estado investigará si el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y la Junta de Andalucía han cometido delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción del hotel de Azata del Sol en el paraje del Algarrobico, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
El mandato del fiscal general del Estado llega cinco meses después de la sentencia del titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Almería, Jesús Rivera. El magistrado remitió a la Fiscalía dicho fallo (fechado el 5 de septiembre de 2008), que consideró ilegal la licencia de obras y en el que sugiere que puede haber irregularidades del consistorio y de la Junta, entre ellas, una supuesta manipulación de los planos de la zona.
El escrito remitido el 17 de febrero por la Fiscalía General de Estado, al que tuvo acceso Europa Press, recoge que la Fiscalía Provincial de Almería acuerde la reapertura de las diligencias de investigación sobre las que el mismo órgano judicial decretó el archivo en junio de 2007 al no hallar indicios de prevaricación y delito contra la ordenación del territorio en la gestión de la Junta y la corporación local carbonera (PSOE).
Según la sentencia de septiembre del juez Rivera, la Junta "no sólo no ejercitó sus potestades y facultades en defensa del medioambiente (...) sino que (...) de forma clamorosamente contraria al ordenamiento jurídico (...) modificó la planimetría oficial sin someterla a procedimiento alguno". El juez Rivera calificó esta actuación como de "inaceptable", "inviable", "manifiestamente ilegal" y "burda maniobra". El magistrado fue el mismo que ordenó en febrero de 2006 paralizar las obras del hotel.
La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, calificó estas consideraciones del fallo de "literatura". El consejero de Agricultura y Pesca, y ex delegado provincial de Medio Ambiente entre los años 1994 y 1998, Martín Soler, calificó de "meras conjeturas y una opinión, en todo caso respetable" las imputaciones reflejadas en la sentencia.
El archivo de esa causa en 2007 fue decidido por el anterior Fiscal de Medio Ambiente de Almería, Juan Sánchez, una decisión duramente censurada por los grupos ecologistas implicados en el caso. La reapertura del caso ha cogido por sorpresa a estos colectivos de la zona -Greenpeace, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción-, que albergaban pocas esperanzas de que la Fiscalía tomara cartas en el asunto. "Han pasado varios meses desde que el juez Rivera envió la sentencia del 5 de septiembre a la Fiscalía y como seguíamos sin noticias pensábamos que el caso se archivaría nuevamente", explicó Jaime del Val, responsable de Salvemos Mojácar.
Fuentes de los servicios jurídicos de las organizaciones ecologistas de la zona vinculadas al caso Algarrobico aseguraron que están estudiando la posibilidad de personarse en el proceso judicial cuando se abra para hacer un frente común en torno a esta causa. Salvemos Mojácar confirmó que hará efectiva esta personación, que aún están meditando tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción.
