La Fiscalía Anticorrupción ha enviado hoy un nuevo escrito a la jueza Mercedes Alaya reclamando la práctica de nuevas diligencias en la investigación abierta por las presuntas irregularidades en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE). En el mismo, le ha vuelto a reiterar su petición de que declaren todos los implicados, y no sólo los que por ahora han sido citados por el Juzgado de Instrucción número 6 para los próximos días, en el pago de las ayudas a las empresas Calderinox, Acyco, Surcolor, Aglomerados Morell y Río Grande. Entre estos imputados se encuentra el actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, -el único alto cargo de la Junta implicado y en activo-, cuya declaración ya fue solicitada por el fiscal.
En el documento, el Ministerio Público también insta a la magistrada a adoptar las medidas cautelares solicitadas sobre el exfutbolista Pizo Gómez, imputado tras aparecer una póliza a su nombre, después de que éste ya haya declarado. En este sentido, también solicita que se les comunique a la citadas empresas y al sindicato CCOO (un cargo del mismo están imputado) su condición de responsables civiles subsidiaria. Así, por ejemplo le pide que comunique a Río Grande, en cuyo ERE apareció una intrusa, que tendrá que hacer frente al pago de casi dos millones de euros si no lo hace su propietaria, Carmen García, no se ha hecho cargo.
La Fiscalía también quiere recabar y cerrar la investigación sobre las empresas citadas, por eso también solicita a Alaya que se le reclame a losdespachos de abogados implicados (Garrigues y Estudio Jurídicos Villasís) "que aporten justificación documental del asesoramiento técnico/jurídico prestado y facturado de manera directa o indirecta" a través de las agencias de la Junta o de la Dirección General de Trabajo (cuyo exdirector general Francisco Javier Guerrero es el principal imputado al ser el que disponía del fondo de reptiles). Igualmente, les requiere todos los documentos que acrediten el asesoramiento prestado "en relación con las ayudas solicitadas y/o recibidas de la Dirección General de Trabajo, ayudas con destino a empresas en crisis o sujetas a ERE de cualquier tipo o planes de prejubilación parcial desde el año 2001 al 2011".
Por último, solicita que se elabore por la Agencia Tributaria informe sobre operaciones declaradas por estos despachos de abogados con "otras sociedades y entidades que hayan sido beneficiarias de los fondos públicos objeto de investigación".
