La Fiscalía de Cádiz ha solicitado el "archivo inmediato y sin más trámites" de las actuaciones tras la denuncia presentado por los padres de un alumno musulmán que denunciaron a un profesor tras hablar del jamón en clase en un colegio en La Línea de la Concepción (Cádiz). La Fiscalía entiende que no hay "el más mínimo indicio de la existencia de ningún tipo de infracción penal".
Según el escrito de petición al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público argumento que "aún cuando de las versiones contradictorias de las dos partes que se desprenden del atestado, nos quedáramos con la más favorable a la de la denunciante, nada justificaría, de ningún modo, la apertura de un procedimiento penal dirigido contra una persona, con los importantes costes personales que ello conlleva".
Además, señala que "la Jurisdicción penal es algo más serio y su utilización no puede quedar al capricho de nadie, cuando no existe justificación jurídica para ello".
Para la Fiscalía, la postura inicial del menor, que dará lugar posteriormente al resto de los acontecimientos, "es una postura caprichosa, abusiva, sectaria e inadmisible, porque no de otra forma puede calificarse el hecho de que un alumno pretenda censurar el contenido de la docencia que se le está impartiendo, imponiendo su voluntad a la de su profesor y a la del resto de sus compañeros".
Además, añade que el contenido de su queja es "insostenible, porque no hace falta practicar la religión del menor, sino tener unos conocimientos básicos de cultura general, para saber que la religión musulmana prohíbe a sus practicantes comer carne de cerdo y sus derivados, pero no hablar, u oír hablar sobre el mismo".
Así, argumenta que "escuchar una referencia indirecta al jamón en el marco de una clase de geografía en nada violenta a los practicantes de dicha religión y menos aun convierte al profesor en racista, xenófobo o algo parecido". Asimismo, recuerda que "tampoco en el sistema de valores de nuestra cultura tiene cabida la esclavitud y eso no impide que se mencione y estudie como un fenómeno que, por desgracia, estuvo vigente en todo el mundo, sin que ello convierta en esclavistas a los centenares de profesores de historia que ejercen su labor en todo el territorio nacional".
En cuanto al hecho de si el profesor tuvo una reacción inadecuada, la Fiscalía señala que tendrá que denunciarse y valorarse ante las autoridades educativas que tiene instrumentos suficientes para dar cauce a este tipo de quejas. En este sentido, insiste que "nunca estas cuestiones deben resolverse en el ámbito penal", por lo que el procedimiento debe archivarse sin más trámites.
EL PAPEL DE LOS PADRES
En su escrito, la Fiscalía señala "otras cuestiones paralelas" en relación con la polémica suscitada. Así, manifiesta que "es comprensible que el menor haya mantenido una postura pueril", ya que "no es más que un niño", "pero que esa postura no haya sido corregida, sino amparada por su propia madre, a la que se supone que es una adulta responsable, es algo ya más preocupante, sobre todo cuando en las actuaciones se hace referencia a otra serie de datos, que por respeto a la intimidad del menor no deben reiterarse".
Para la Fiscalía, eso "justifica, como mínimo una preocupación sobre su situación personal y sobre el cumplimiento por sus progenitores de los deberes de cuidado y custodia que hacia el mismo tienen encomendados". Por ello, el fiscal interesa que, tras archivarse el procedimiento, se remita tanto al Ministerio Público, como a los órganos competentes de la Junta de Andalucía un testimonio de todo lo actuado a los efectos de poder efectuar un seguimiento y valoración de la situación del menor.
Igualmente, anuncia que la Fiscalía llevará una investigación de oficio por el hecho de que "nada justifica que ciertos datos personales del menor se hagan públicos, máxime cuando son irrelevantes de cara al núcleo central del debate". En este sentido, recuerda que la intimidad del menor denunciante, como la de todos los menores, debe ser objeto de una protección de especial intensidad.
Por eso, para la Fiscalía, debe valorarse si algunos de los datos del niño que no deberían ser conocidos más que por sus familiares y por los docentes que intervienen en su educación han sido objeto de noticia pública.
