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La Fiscalía pide inhabilitar siete años a Medrano

Considera que la edil cometió un delito de prevaricación al prohibir el homenaje a Foxá

el 19 oct 2010 / 16:54 h.

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Josefa Medrano declaró como imputada en el mes de julio.

La Fiscalía de Sevilla ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 su escrito de acusación contra la edil de IU y Participación Ciudadana, Josefa Medrano, para que la que pide una condena de siete años de inhabilitación para el empleo o cargo púbico por prohibir el homenaje a Agustín de Foxá, organizados por las asociaciones Ademán y Fernando III.

 

A diferencia de las otras acusaciones, ejercidas por las citada entidades, la Fiscalía sólo acusa a la número dos de la candidatura de IU a la Alcaldía por un delito de prevaricación y no por el delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, reclamando además la pena mínima prevista por el Código Penal, que van de los siete a los diez años. Ademán y Fernando III, en cambio, han pedido penas de 20 meses de cárcel y nueve de inhabilitación y de dos años de prisión y 11 de inhabilitación, respectivamente.

Según el relato del Ministerio Público, la entidad Fernando III solicitó el 14 de septiembre de 2009 una sala en el centro cívico El Tejar del Mellizo para una conferencia dedicada a Foxá "en el 50 aniversario de su muerte", que se celebraría el 6 de octubre de 2009. La solicitud se cursó y se autorizó el 23 de noviembre por la directora del centro.

Sin embargo, el 2 de octubre Medrano, como delegada de Participación Ciudadana, "acordó de forma arbitraria, sin motivar, teniendo conocimiento de la legalidad de la autorización ya concedida, y dada la ideología ligada a la Falange y al franquismo" de Foxá, "denegar el espacio solicitado para el acto".

Esta decisión fue comunicada a la directora el centro cívico para que la comunicara a las organizadoras, "manifestándole que ante cualquier reclamación al respecto debería hacerse a través de la Delegación de Participación Ciudadana". Ante la prohibición, las asociaciones decidieron llevar a cabo el acto en el patio del Tejar del Mellizo, siendo consentido por "los encargados municipales presentes en aquel momento en el centro cívico, desarrollándose sin incidencia alguna".

El fiscal insiste en que el homenaje "tenía carácter literario, como constaba en los escritos de invitación al acto" y recuerda que en el mismo intervinieron los escritores "Aquilino Duque y Antonio Rivero Taravillo".

Medrano señaló en su declaración judicial que prohibió el acto para evitar altercados públicos, ya que en su delegación se recibieron protestas de grupos radicales antifascistas, y que desconocía la faceta de Foxá, uno de los autores del himno Cara al Sol, como escritor.

En el auto de procesamiento de la edil, la juez señalaba que la decisión de la concejal era "discriminatoria" y que ataca "de manera frontal", la Constitución y los Derechos Humanos, además de ser una "aplicación injustificada y prohibida de la Ley de Memoria Histórica".

«El acto no se prohibió por ideología»

"En ningún momento la revocación del acto se basó en motivos ideológicos o políticos, ni porque Agustín de Foxá estuviera vinculado a la Falange". Este es el punto de partida del recurso presentado por la delegada de Participación Ciudadana, Josefa Medrano, contra el auto de procesamiento emitido por el Juzgado de Instrucción número 6. En este documento, Medrano admite que puede "cuestionable" la mención realizada a la Ley de Memoria Histórica a la hora revocar la autorización para el uso de una sala de un centro cívico y matiza que sólo puede vincularse con ese texto "en cuanto pretendía suprimir elementos de división entre los ciudadanos para salvaguardar los principios y valores constitucionales".

Su punto de partida es así el mismo que defendió en su declaración: no permitió el acto porque "podía haber altercados y desordenes". La número dos de la lista de IU rechaza también que su actuación pueda constituir un delito de prevaricación: "No hay una resolución dictada a sabiendas de su injusticia ni con conciencia de su ilegalidad". A ocho meses de las elecciones, la edil incluso el carácter político que pueda tener el proceso: "Se le va a someter a la pena social de banquillo, más gravosa para una persona dedicada a la política. El procedimiento implica el deterioro de su imagen".

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