La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una multa de 600 euros dentro de su calificación de los hechos en el caso de los 'Caracoleños', clan exiliado del Polígono Sur entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana, por la supuesta ocupación ilegal de las viviendas públicas que adquirieron a terceros en dicho barrio desfavorecido y que recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a su precintado.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, según lo esperado, el Ministerio Público realizará la misma valoración y reclamación para todos los casos individuales implicados. En concreto, ha solicitado una multa de cuatro meses, a razón de cinco euros diarios, por hechos que podrían constituir usurpación.
En las diligencias también se insta a la propiedad, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) --la defensa sostiene que no en todos los casos es así y que algunas de estas personas sí son propietarias del piso en cuestión--, a que defina las actuaciones relacionadas con el inmueble antes de ejecutar, si procede, el lanzamiento de sus ocupantes.
La representación jurídica de los 'Caracoleños' también cuenta ya con su calificación de los hechos, según la cual se señala que estas personas no han cometido ningún delito y que, antes bien, han podido ser víctimas como consecuencia de la venta de los pisos. También se apela al rasante de igualdad que la administración debe aplicar, subrayando que en el Polígono Sur hay muchos inmuebles en esta situación; por todo ello, la defensa solicita la absolución.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla acogió a principios de año la declaración de J.J.N., la última que faltaba dentro del proceso abierto; ésta, junto a otras, se había venido aplazando por diversos motivos, tales como el estado de salud de algunos de ellos.
El pasado mes de julio el juzgado tomó declaración a miembros de la mayoría de las aproximadamente 40 familias que conforman este grupo. Tanto esta ronda de comparecencias como los nuevos llamamientos respondían a las diligencias incoadas a cuenta de la denuncia formulada por EPSA por la supuesta ocupación ilegal de 41 viviendas del Polígono Sur cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía.
Durante todas las comparecencias consumadas el pasado verano los denunciados reconocieron que carecen de documentación en cuanto a las viviendas en cuestión, de promoción pública, y que las adquirieron a sus anteriores moradores, por lo que el juzgado les atribuye una ocupación de estas viviendas públicas sin el correspondiente "título" legal que les habilite para ello.
LA DEFENSA
El abogado defensor, ante la denuncia de EPSA, ha esgrimido siempre el "principio de igualdad y de actuación no discriminatoria" en defensa de estas familias, dado que la ausencia de documentación efectiva que les vincule con las viviendas es una situación en la que también incurren buena parte de los habitantes "del resto de pisos de esa barriada", en alusión a las Tres Mil Viviendas. Igualmente, anunció que intentaría acreditar que durante varios años, el colectivo de familias habitó estos pisos "con el conocimiento de la Junta de Andalucía y sin que nadie les requiriese para abandonar las viviendas".
Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se autoexiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias
De la mencionada investigación administrativa se desprendió que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con resolución positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.
