Según informó ayer la Fiscalía en un comunicado, ante la "gravedad de los hechos" el Juzgado de Instrucción 19 ha impuesto al jefe de la unidad la obligación de presentarse cada 15 días en las dependencias judiciales para firmar y le ha prohibido la salida del país. Estas medidas fueron reclamadas por el fiscal y no han sido recurridas por la defensa del agente, además han sido puestas en conocimiento del Ministerio del Interior a través de la Jefatura de Policía de Sevilla para que "se adopten las medidas administrativas oportunas, dada la relevancia de los hechos imputados y la posición profesional que ostenta la persona imputada".
Las sospechas de la Fiscalía, según fuentes judiciales, se centran en si el mando policial pudo pagar con droga los favores de los narcos que actúan de confidentes con la Policía o si no denunció las actividades de un clan dedicado al tráfico de droga. El agente reconoció ante la juez que la Udyco trabaja con confidentes, pero negó que a cambio se pagaran los favores con este tipo de prácticas.
El juzgado de Instrucción 19 ha abierto con esta nueva línea de investigación tres casos distintos desde que se conociera el robo de la droga. El primero es el sumario abierto tras la sustracción de las sustancias estupefacientes por el que permanece en prisión un ex policía de la Udyco, Lars S.M., y un matrimonio que supuestamente colocó en el mercado negro la droga, que a día de hoy se desconoce dónde ha acabado. Además, también está imputada la esposa del ex agente, aunque ella por blanqueo de capitales; y los tres jefes de la Udyco por un posible delito de encubrimiento u omisión del deber de denunciar, ya que "existen indicios objetivos de que habían llegado a conocer la sustracción y cambio de la sustancia estupefaciente".
La segunda causa que abrió la juez nada tiene que ver con el robo de la droga, ya que se trata de un asunto de blanqueo de capitales del que se tuvo conocimiento a raíz de las numerosas escuchas telefónicas que Asuntos Internos realizó a policías y narcos para tratar de resolver el caso. La tercera es la línea en la que se imputa al jefe de la Udyco por "favorecer el tráfico de droga" y que también se deriva de unas escuchas telefónicas.
En el comunicado, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, responde a las acusaciones vertidas por los sindicatos policiales contra la investigación de Asuntos Internos y del juzgado, de las que dice "parecen ignorar que se ha efectuado en todo momento bajo estricto control judicial". La nota aclara también que las actuaciones "no han sido alegadas por la defensa de los imputados por medio de los recursos a su disposición", ni tampoco se ha denunciado.
Las diligencias por el robo de la droga se abrieron en junio de 2008 después de que la Fiscalía solicitase un contraanálisis de un alijo incautado en el aeropuerto de San Pablo, que fue el que alertó de que la droga había sido cambiada por ladrillos de yeso o harina. Precisamente, el robo de este alijo es el único que no se la ha podido imputar a Lars y a sus ayudantes, que fueron los que elaboraron los paquetes, al no encontrarse las huellas dactilares. Una de las posibilidades es que Lars se encargara de hacer este ladrillo y fuera más minucioso que su colaborador.
Los mandos imputados continúan en sus puestos
Los tres responsables de la Udyco señalados por este caso permanecían ayer en sus puestos pese a las imputaciones de la juez, que ha pedido que se informe al Ministerio del Interior para que “se adopten las medidas administrativas oportunas”.
Fuentes de la Jefatura Superior indicaron que no está previsto modificar su situación. Pero el ministerio tiene la última palabra.
En las dependencias policiales, de hecho, se sigue arropando al inspector jefe y los dos inspectores imputados, cuya trayectoria “intachable y llena de éxitos” es recordada por sus compañeros para reclamar su presunción de inocencia, mientras continúan las críticas al informe de Asuntos Internos que los acusa.
El documento, fruto de meses de escuchas telefónicas a los agentes de la Udyco, llega a “conclusiones que no se derivan de lo que se dice en los pinchazos, sino que van más allá”, afirman fuentes que han tenido acceso al documento, y que recuerdan que el trato con confidentes puede ser ambiguo sin llegar a la comisión de los delitos atribuidos al jefe del grupo antidroga. Estas fuentes admiten que un policía puede hablar con un traficante y “darle carrete” sin llegar a incurrir necesariamente en un delito.
Uno de los argumentos empleados en la defensa de los policías es, precisamente, que Asuntos Internos les pidió su máxima colaboración para intentar averiguar qué había ocurrido con los 150 kilos de droga sustraídos de las dependencias policiales, por lo que los policías de la Udyco tiraron de todos sus contactos para intentar aclarar este asunto.
