El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ya está recabando datos en Colombia sobre la presencia de miembros de ETA en Suramérica y la colaboración entre la banda terrorista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Así lo aseguró ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien señaló que Zaragoza participa estos días en Bogotá en una conferencia sobre terrorismo auspiciada por Naciones Unidas y que aprovechará su estancia en ese país para "recabar toda la información que sea necesaria desde allí". Conde Pumpido recordó que el Ministerio Público solicitó el pasado miércoles al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que curse una petición de ayuda judicial a las autoridades de Colombia para que le faciliten los datos del ordenador del ex jefe militar de las FARC Víctor Julio Suárez Rojas Mono Jojoy en los que se haga referencia a ETA.
Al respecto, el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, defendió ayer jueves la "autoridad moral" de su país en la lucha antiterrorista por su larga experiencia y reiteró su ofrecimiento de cooperación a España en esta materia. Asimismo, advirtió de que los gobernantes no deben hacer promesas que luego no puedan cumplir. "Si algún país tiene autoridad moral y ética en estos temas es Colombia porque nos ha tocado sufrir con dolor y con llanto más de 60 años de violencia irracional y ese dolor que hemos vivido no quisiéramos que lo viviera ningún pueblo del mundo", defendió así el vicepresidente colombiano.
En el mismo acto que Garzón se encontraba la vicepresidenta primera del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, para quien la lucha contra el terrorismo no puede ser "un arma arrojadiza en la confrontación partidista". En su intervención, Fernández de la Vega destacó que el terrorismo irá a parar al "baúl de los malos recuerdos", y para conseguirlo es básica la cooperación y confianza entre los países.
Críticas de jueces. Respecto a la investigación que el Gobierno de Venezuela abrirá al etarra Arturo Cubillas, miembro de ETA enviado a ese país por el Gobierno de Felipe González y funcionario de la Administración de Hugo Chávez, el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, consideró ayer "adecuado" que Venezuela investigue si Cubillas adiestró a miembros de ETA en su territorio, ya que la Audiencia Nacional le atribuye la responsabilidad sobre el colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, así como de coordinar las relaciones con las FARC colombianas. El Ejecutivo de Chávez adoptó la medida de investigar a Cubillas después de recibir el auto del juez Moreno a través de la Embajada de España en Caracas.
Según explicó ayer el número dos de Interior, tanto España como Venezuela participan en un "proyecto común" que es "conseguir que todas las personas que se ponen fuera de la ley y están en el ámbito del terrorismo y el chantaje se pongan en manos de la Justicia".
Sin embargo los que se mostraron muy críticos a la investigación fueron los jueces. Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente coincidieron en expresar que la investigación que anunciada por el Gobierno de Chávez, "pretende generar una duda" y "obstaculizar" la investigación del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco sobre la actividad de los terroristas en el país latinoamericano. Además, piden al Gobierno, junto a la Asociación Profesional de la Magistratura, que exija la "colaboración" de este país y que se respete el trabajo "independiente" del juez de la Audiencia.
También se mostraron contrarios a esta investigación el Sindicato Unificado de Policías y la Confederación Española de Policía (CEP), quienes aseguraron que sobre Cubillas "ya está todo investigado con autos judiciales", por lo que exigieron a Venezuela que le detengan y lo extraditen a España. Sin embargo, ambas asociaciones dudan de que Chávez vaya a hacer algo al respecto y creen que sólo ha hecho el anuncio "para salir del paso".
