La Guardia Civil ha imputado a 72 personas por una supuesta trama de corrupción urbanística en Pozo Alcón (Jaén). En esa lista, según publicó ayer el diario Ideal, se encuentran, junto a los 50 propietarios de viviendas ilegales, la ex alcaldesa socialista, Carmen Escudero, y 21 técnicos y empresarios de la construcción.
Con la resaca aún de la trama de corrupción destapada en Alcaucín (Málaga) -que se ha saldado con 13 detenidos, entre ellos el alcalde-, otro foco del urbanismo irregular salta a la palestra. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Jaén ha imputado a 72 personas en una operación contra delitos relacionados con el ladrillo en Pozo Alcón, según publicó ayer el diario Ideal. Se trata del caso más importante, por el número de implicados, que se ha dado en la provincia. Entre los investigados se encuentra la ex alcaldesa del pueblo Carmen Escudero (PSOE), tres arquitectos técnicos, ocho constructores y diez directores técnicos de obra. La lista se completa con el medio centenar de dueños de viviendas ilegales.
La ex alcaldesa tendrá que rendir cuentas a la Justicia por permitir que en el municipio se vulnere la legalidad. Las construcciones irregulares se levantaron en suelo no urbanizable. Según explica el periódico, muchas de ellas contaban con una licencia municipal, pero no para una vivienda unifamiliar, sino para una nave de aperos agrícolas, la forma más habitual que se ha demostrado para encubrir las edificaciones ilegales. Aunque no se han detectado urbanizaciones masivas, sí aparecen viviendas ilegales a las puertas de una zona protegida: el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
La actual alcaldesa de Pozo Alcón, Pilar Salazar (PSOE) ha mostrado su disposición a colaborar con la Guardia Civil, pero ha reclamado poder regularizar algunas de las viviendas. En febrero arrancó la modificación del plan general del municipio.
Casas a pie de playa. Otras de las viviendas sobre las que está puesto el foco son las que se sitúan a pie de playa. La modificación a la Ley de Costas, pendiente de aprobación en el Congreso, no convence ni a los propietarios perjudicados por el deslinde -el proceso por el que se define la línea del litoral declarado de dominio público- ni a los ecologistas en las comunidades bañadas por el Mediterráneo, entre ellas, Andalucía.
Esta modificación permitirá a los dueños de las construcciones levantadas en los terrenos afectados por el deslinde ponerlas de nuevo a la venta, con lo que recuperarán valor de mercado. Hasta ahora, estas edificaciones no podían venderse ni ser heredadas y los propietarios las mantenían en régimen de concesión durante 30 años -en ocasiones prorrogables otros 30 más- mientras que el Estado no ejecutara la expropiación.
Greenpeace recuerda en su informe Destrucción a toda costa 2008 que es difícil encontrar una zona de la costa mediterránea sin urbanizar y que los espacios protegidos no siempre son respetados por las autoridades públicas. Es el caso del hotel El Algarrobico en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La provincia andaluza con mayores deficiencias en el deslinde es Málaga, y la segunda de España, con un 62% ejecutado, según en el último informe de Medio Ambiente.
