La Intervención General de la Administración del Estado ha rechazado la petición realizada por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares para que ampliara su pericial a fin de "determinar la intervención que pudiera haber tenido" la Cámara de Cuentas de Andalucía "en el mantenimiento a lo largo del tiempo de los hechos objeto de las presentes actuaciones", pues entiende que supondría "sobrepasar claramente" su ámbito competencial.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el interventor general de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández, considera que la ampliación pericial requerida "debe reconsiderarse dados los límites institucionales a los que deben circunscribirse sus cometidos y la extralimitación del ámbito competencial que supondría respecto de las funciones de este centro directivo". En este sentido, recuerda que "el trabajo hasta ahora realizado" por el equipo pericial "no ha rebasado la habilitación funcional que los funcionarios" de la Intervención "tienen por su pertenencia a este centro directivo de la contabilidad pública y del control interno en el ámbito del sector público estatal".
"Sin embargo, y sin perjuicio de la adecuada competencia profesional que posee el equipo pericial designado, valorar el ejercicio de sus competencias por la Cámara de Cuentas sobrepasa claramente los límites del ámbito institucional de los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, por cuanto estarían valorando la labor realizada por un órgano de control externo de carácter estatutario, como es la Cámara de Cuentas de Andalucía".
Y ello, según expone, "excede del marco institucional que corresponde propiamente a los funcionarios" de la Intervención "como personal al servicio del órgano de control interno del sector público".
En el escrito, el interventor general de la Administración del Estado recuerda que la Intervención "ha atendido con diligencia" las sucesivas demandas de auxilio jurisdiccional realizadas por la juez "a pesar de las limitaciones de medios personales existentes".
Así, y tras el primer requerimiento de la magistrada, la Intervención "designó a cuatro funcionarios para la realización de la pericia, dos del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y dos del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, que hubo de retirar de otros trabajos para dedicarse a elaborar el informe pericial solicitado".
ALAYA INSISTE EN SU PETICION. Tras ello, la juez ha dictado un auto, consultado por Europa Press, en el que aclara que los peritos designados "no actúan en las presentes actuaciones como interventores generales del Estado, cualidad por la que estarían sujetos a ciertos límites institucionales, sino como peritos, sujetos exclusivamente al encargo judicial de realizar un informe basado en su leal saber y entender, esto es, en sus conocimientos profesionales y máximas de experiencia", por lo que insiste en su petición para que investiguen la actuación de la Cámara de Cuentas.
En el auto, la instructora dice que "debe valorar y valora la encomiable colaboración" prestada por la Intervención General del Estado "y particularmente por el equipo pericial que ha elaborado el informe requerido", mientras que "no se nos escapa tampoco, pues es compartida por este Juzgado, la escasez de medios tanto personales como materiales ante la magnitud de esta causa, no ya por su volumen, sino por la complejidad, alcance, normativa legal aplicable y un largo etc".
La juez subraya que, "precisamente derivada de la meritoria labor profesional de los peritos designados, altamente cualificados para llevar a cabo la ampliación de la pericial encomendada", les pidió ampliar la investigación a la intervención de la Cámara de Cuentas, aunque insiste en que "debe quedar claro que no actúan en las presentes actuaciones como interventores generales del Estado, sino como peritos".
