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La Intervención del Estado rechaza investigar a la Cámara de Cuentas al "sobrepasar" sus competencias

El interventor general de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández, considera quesupondría "sobrepasar claramente" su ámbito competencial.

el 03 mar 2014 / 15:45 h.

La Intervención General de la Administración del Estado ha  rechazado la petición realizada por la juez que investiga los  expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares para que  ampliara su pericial a fin de "determinar la intervención que pudiera  haber tenido" la Cámara de Cuentas de Andalucía "en el mantenimiento  a lo largo del tiempo de los hechos objeto de las presentes  actuaciones", pues entiende que supondría "sobrepasar claramente" su  ámbito competencial. LA JUEZ ALAYA CITA A MANUEL RUIZ DE LOPERA PARA NOTIFICARLE UNA NUEVA IMPUTACIÓNEn un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el  interventor general de la Administración del Estado, José Carlos  Alcalde Hernández, considera que la ampliación pericial requerida  "debe reconsiderarse dados los límites institucionales a los que  deben circunscribirse sus cometidos y la extralimitación del ámbito  competencial que supondría respecto de las funciones de este centro  directivo". En este sentido, recuerda que "el trabajo hasta ahora realizado"  por el equipo pericial "no ha rebasado la habilitación funcional que  los funcionarios" de la Intervención "tienen por su pertenencia a  este centro directivo de la contabilidad pública y del control  interno en el ámbito del sector público estatal". "Sin embargo, y sin perjuicio de la adecuada competencia  profesional que posee el equipo pericial designado, valorar el  ejercicio de sus competencias por la Cámara de Cuentas sobrepasa  claramente los límites del ámbito institucional de los funcionarios  de la Intervención General de la Administración del Estado, por  cuanto estarían valorando la labor realizada por un órgano de control  externo de carácter estatutario, como es la Cámara de Cuentas de  Andalucía". Y ello, según expone, "excede del marco institucional que  corresponde propiamente a los funcionarios" de la Intervención "como  personal al servicio del órgano de control interno del sector  público". En el escrito, el interventor general de la Administración del  Estado recuerda que la Intervención "ha atendido con diligencia" las  sucesivas demandas de auxilio jurisdiccional realizadas por la juez  "a pesar de las limitaciones de medios personales existentes". Así, y tras el primer requerimiento de la magistrada, la  Intervención "designó a cuatro funcionarios para la realización de la  pericia, dos del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del  Estado y dos del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, que hubo  de retirar de otros trabajos para dedicarse a elaborar el informe  pericial solicitado". ALAYA INSISTE EN SU PETICION. Tras ello, la juez ha dictado un auto, consultado por Europa  Press, en el que aclara que los peritos designados "no actúan en las  presentes actuaciones como interventores generales del Estado,  cualidad por la que estarían sujetos a ciertos límites  institucionales, sino como peritos, sujetos exclusivamente al encargo  judicial de realizar un informe basado en su leal saber y entender,  esto es, en sus conocimientos profesionales y máximas de  experiencia", por lo que insiste en su petición para que investiguen  la actuación de la Cámara de Cuentas. En el auto, la instructora dice que "debe valorar y valora la  encomiable colaboración" prestada por la Intervención General del  Estado "y particularmente por el equipo pericial que ha elaborado el  informe requerido", mientras que "no se nos escapa tampoco, pues es  compartida por este Juzgado, la escasez de medios tanto personales  como materiales ante la magnitud de esta causa, no ya por su volumen,  sino por la complejidad, alcance, normativa legal aplicable y un  largo etc". La juez subraya que, "precisamente derivada de la meritoria labor  profesional de los peritos designados, altamente cualificados para  llevar a cabo la ampliación de la pericial encomendada", les pidió  ampliar la investigación a la intervención de la Cámara de Cuentas,  aunque insiste en que "debe quedar claro que no actúan en las  presentes actuaciones como interventores generales del Estado, sino  como peritos".

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