La jueza Mercedes Alaya entregó este martes a las partes personadas en el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo un escueto auto, de 12 páginas, en el que aparece una lista de 20 nombres de altos cargos y exaltos cargos del Gobierno andaluz imputados en la causa de los ERE. Entre ellos está Magdalena Álvarez, la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta entre 1994 y 2004, y el actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, que fue mano derecha del presidente José Antonio Griñán en su etapa de consejero de Economía, y director general de Presupuestos entre 2002 y 2009.
Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación de otras personas [en la causa], las cuales habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos, dice el auto. Griñán sustituyó a Magdalena Álvarez en la consejería de Hacienda, y heredó el procedimiento con el que la Junta pagaba (y siguió pagando) los ERE (las transferencias de financiación). Alaya sostiene que ese procedimiento específico era ilegal y que ayudó sortear los controles internos permitiendo el desfalco de casi 1.400 millones de euros del fondo de ayudas para parados y empresas en crisis. En la lista de imputados de ayer no aparece Griñán al que la jueza sí menciona en otros autos ni la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que recibió los informes de intervención que cuestionaban el procedimiento cuando Griñán era su jefe; ni el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera. Todos ellos son aforados y su imputación obligaría a la jueza a elevar el caso o bien al Supremo (en el caso de Viera) o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En cambio, Alaya sí llamará a declarar a Antonio Lozano, el primer miembro de la Junta con asiento en el actual Consejo de Gobierno que está imputado en la causa de los ERE.
El auto, fechado el 28 de junio, se sujeta en dos informes de la Guardia Civil sobre el papel de los responsables de la Consejería de Hacienda y de la Intervención de la Junta en los delitos de malversación y prevaricación que se investigan.
CONSEJO DE GOBIERNO
Con los 20 imputados, Alaya ha elevado el número de implicados en el caso ERE a casi un centenar: políticos, empleados públicos, abogados, sindicalistas, aseguradoras... Pero a pesar del revuelo que levantó el auto coincidió con el comité director del PSOE-A que abrió ayer el proceso de primarias, la jueza ya había apuntado en esta dirección hacía dos años, como ella misma recuerda aludiendo a los informes de la Intervención y de la Cámara de Cuentas, que ponen en duda el sistema para otorgar las ayudas.
La clave para entender la imputación de Magdalena Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), es la figura de la transferencia de financiación entre la Junta y otros entes públicos. La jueza entiende que se abusó indebidamente de este procedimiento específico, una figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales, porque permitió esquivar el control de la intervención general de la Junta. Álvarez, siendo consejera de Hacienda en 2003, fue quien dictó las normas que regulaban esa figura de transferencia de financiación, aunque este procedimiento se estuvo usando entre 1999 y 2001 mediante modificaciones presupuestarias.
En clave política, la imputación de Antonio Lozano, actual hombre de confianza de la consejera Susana Díaz, supone la definitiva entrada del caso ERE en el seno del Consejo de Gobierno. Lozano es el viceconsejero con más poder del Ejecutivo, preside los consejillos la reunión de los número dos en todas las consejerías y tiene asiento en los Consejos de Gobierno de cada martes en calidad de secretario, encargado de recoger en actas las decisiones al más alto nivel. El pasado abril, el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, sugirió en el Parlamento que alguien del Consejo de Gobierno podría ser imputado. El líder popular explicó que no contaba con información privilegiada el PSOE le acusa de tener vínculos con Alaya sino que se debía a la lógica. El portavoz de IU en el Parlamento, José Antonio Castro, dijo al instante que si algún miembro del actual Consejo de Gobierno fuera imputado en los ERE, lo primero que haría su formación sería echar a ese imputado, y no con todos los honores.
En la lista de sospechosos también destaca el exinterventor general, Manuel Gómez, responsable de fiscalizar el uso del dinero público, así como todos los secretarios generales técnicos de la Consejería Empleo desde 2000 a 2012. Sobre el interventor, la jueza alude a su conocimiento del uso indebido de las transferencias de financiación para el pago de ayudas y de los desfases presupuestarios que estaba generando, como dicen sus propios informes.
Alaya ha citado a Gómez a declarar en los juzgados el próximo 25 de julio [el resto no tiene fecha aún]. Tanto para el PP como para IU, el interventor fue clave en la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento, donde explicó que había alertado hasta en 15 ocasiones de las deficiencias del sistema para otorgar ayudas sociolaborales. Con un solo informe, el primero, debieron de tomarse medidas, dijo entonces. Si su vecino le avisa de llamas en su cocina, ¿espera una carta para llamar a los bomberos?, añadió. La Junta basa toda su defensa en que el interventor no encendió la alarma roja (el informe de actuación) necesaria para informar de un fraude. Más tarde, Griñán replicaría a Gómez que a él no le llegó el aviso de fuego, sino de que la escalera de incendios no era lo suficientemente larga.
Entre los imputados también está el ex número dos de Álvarez en Hacienda, José Salgueiro, dos exviceconsejeros de Innovación, Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez, el de Empleo, Justo Mañas, el actual director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde, sus antecesores Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, el ex director general de Presupuestos, Buenaventura Águilera, el actual interventor delegado de Empleo, Juan Luque, a los ex directores generales del IFA órgano del que salía el dinero de las ayudas supuestamente fraudulentas, Antonio Lara y Francisco Mencía, y los ex directores generales de Finanzas de dicho órgano, Pablo Millán y Juan Vela.
