El PP quiere que la investigación del supuesto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla llegue al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y al máximo número de miembros del Gobierno andaluz. Su intento ha tenido un éxito parcial. Por un lado, se ha abierto una vía para que se investigue qué ocurrió con la grabación en la que Fernando Mellet y Daniel Ponce pedían comisiones al Grupo La Raza desde que los empresarios se la dieron al alto cargo de Presidencia, Juan Gallo, el 28 de enero hasta que se reunió la plana mayor de la Consejería de Empleo en el Parlamento el 12 de febrero. Un día después el documento fue a la Fiscalía. Por otro lado, la magistrada deja cada vez más lejos de la investigación a la Junta de Andalucía, rechaza entrar a valorar "decisiones políticas" del Ayuntamiento y el Parlamento y deniega las comparecencias del alcalde, de varios ediles y del consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández.
El problema son las fechas. No cuadran. Según las investigaciones, los empresarios entregaron la cinta el 28 de enero al director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de Presidencia, Juan Gallo. Pero ni el alcalde ni la Consejería de Empleo admiten tener conocimiento de esa cinta hasta el 12 de febrero. Incluso el regidor llega a decir que recibe una advertencia el día 4 pero que "había dudas razonables". En ese tiempo se suspende una junta de accionistas, pero no se toman más medidas hasta que el 13 se lleva al fiscal y se convoca el consejo de administración en el que dimitiría el día 17 Fernando Mellet, cuyas actas han sido aceptadas por la magistrada como pruebas documentales a instancias del PP. ¿Qué ocurrió en ese tiempo con la cinta? ¿Se ocultó? ¿Se remitió a unas personas y no a otras? ¿Se lo dijo al alcalde y no a la Junta? Son las preguntas que lanza el PP y a las que responderá el propio Juan Gallo -que fue jefe de protocolo de Manuel Chaves-, quien ha sido citado por la juez para declarar el próximo día 4 de febrero en respuesta a estos interrogantes. Y la línea que trazan los populares conduce directamente hasta Plaza Nueva. Como el propio delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, señaló en su declaración ante el Juzgado, Gallo "tiene buena relación con el Ayuntamiento y familiares allí trabajando".
Pero el PP no consigue todo lo que solicita. Con esta misma base pide la declaración del alcalde, que es desestimada por la juez instructora, al igual que una batería de comparecencias y de documentaciones -incluso solicitan un listado de las llamadas entre Antonio Rivas y Fernando Mellet- que son rechazadas. La juez empieza a desvincular a la Consejería de Empleo de las comisiones. Así lo recoge en su auto: "En estas actuaciones no se ha cuestionado la legalidad de la subvención concedida ya que todas las personas que han declarado han puesto de manifiesto el enorme interés de la Junta en crear la Escuela de Hostelería (...) Irrelevante es también que la comunicación entre Mellet y Rivas fuera más o menos fluida, y carece de interés que Juan Lanzas acudiera con normalidad a Empleo". No se aceptan las declaraciones en el Juzgado de Antonio Fernández, el viceconsejero, Agustín Barberá y del ex director de Formación para el Empleo, Juan Manuel Fuentes Doblado.
Y hay una tercera línea que tumba la magistrada con una afirmación contundente: "Las demás pruebas que se piden lo único que ponen de relieve son decisiones políticas adoptadas con mayor o menor acierto y con mayor o menor diligencia, pero que en absoluto repercuten en la investigación criminal, que no es política, que se está realizando". Se refería así al intento del PP de profundizar en la línea de una pasividad de las administraciones tras detectar la irregularidad, basada en que tanto en el Ayuntamiento como en la Junta se han denegado investigaciones y que se permitió aprobar las cuentas.
Las declaraciones ante la Policía Judicial por la venta de suelos.
Gonzalo Crespo, edil y ex presidente: "No se cuestionó la puntuación". El ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo respondió a la Policía Judicial por escrito y centró la responsabilidad en los técnicos: “Tanto Bustamante como Ripollés intervinieron en la comisión ejecutiva que decidió la adjudicación a Sando, explicando sobradamente los cálculos que debían seguir. No recuerdo que ningún consejero objetase nada a sus trabajos ni que se generase incidencia alguna acerca de la puntuación alcanzada por las empresas concursantes o una disconformidad técnica”.
Enrique Castaño, ex consejero: "Lo decía Mellet, sin informes". El ex asesor socialista y ex consejero Domingo Enrique Castaño eludió ante la Policía cualquier responsabilidad en los hechos. Señaló en todo momento a Fernando Mellet: “Se sucedieron varias reuniones en las que Mellet explicaba la necesidad de convocar un concurso y realizar un pliego. Ni yo, ni el resto de miembros vimos informes. Se suponían y así los explicaba y aseguraba Fernando Mellet (...) Lo que expusieron Fernando Mellet y Jorge Piñero lo ví aceptable y no lo puse en duda”.
Antonio Rodrigo Torrijos, vicepresidente: "El concurso era lo conveniente". Aunque el vicepresidente segundo de Mercasevilla y primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, reiteró en repetidas ocasiones en su declaración ante la Policía Judicial que no conocía los detalles ni los autores de los pliegos, sí aclaró su postura: “Apoyaba el concurso público, porque me parecía más conveniente y transparente para los intereses generales, no sólo de la empresa sino de la ciudad (...) Defendí la filosofía que el traslado debía significar mejoras sociales que facilitasen la responsabilidad social”.
Venancio Gutiérrez, ex secretario municipal: "La subasta era lo más idóneo". El ex secretario municipal Venancio Gutiérrez realizó ante la Policía Judicial su valoración respecto al pliego y las puntuaciones aplicadas: “Se debería haber priorizado la mejor oferta económica, y no haberle dado tanta importancia a otro tipo de valoraciones. La Administtación debe sacar el máximo dinero posible”. De él sale además una de las reflexiones que hace suyas la Policía: “El exceso de plantilla hace que la empresa no sea rentable. Se debe fundamentalmente a presiones políticas y sindicales”.
José Miguel Braojos, interventor municipal: "Es falso que lo autorizáramos". En su declaración ante la Policía Judicial, el interventor municipal, José Miguel Braojos, cuestiona la información facilitada por Fernando Mellet en dos de los procesos investigados por la juez. Por un lado, advierte de que cuando se rescindió el contrato con Larena 98 pidieron información: “Se pidió una documentación que no se aportó. Y a los pocos días Mellet dijo que ya tenía la solución”. En segundo lugar, respecto al pliego niega su participación: “Es falso que lo supervisara. No intervine ni participe en él”.
