J. A. / R. V.
La operación económica más importante realizada por Mercasevilla está ahora en el eje de la investigación judicial. La juez ha citado como testigos al vicesecretario del consejo de administración y a dos técnicos para analizar la opción de compra sobre los terrenos firmada con la empresa Sando por 107 millones de euros en febrero de 2006.
En su primer auto, la jueza de instrucción del caso Mercasevilla aludió a la compañía Sando que entre 2005 y 2007 firmó dos importantes contratos con la empresa pública de mercados: la concesión de las naves de la Unidad Alimentaria, tras la renuncia de la firma Larena 98, y el derecho de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, una vez que se produjese el traslado. Por esta última operación se abonaron cinco millones de euros como parte de una oferta que alcanza los 107 que se materializaría una vez que se concretase la mudanza a Majarabique.
La juez dio ayer un paso en este sentido, que supuso un nuevo giro a la investigación. Citó para mañana viernes a tres testigos que participaron de algún modo en la operación de venta de los terrenos: el vicesecretario de Mercasevilla y vicedecano del Colegio de Abogados, Jorge Piñero Gálvez; la jefa de negociado de Vía Pública de la Delegación de Urbanismo y vocal del consejo de administración de Mercasevilla, María Victoria Bustamante Sainz; y el técnico A.R.M.
Esta citación responde a la decisión de la juez de investigar la adjudicación mediante un concurso público del derecho de compra a Sanma, la filial de Sando, sobre los terrenos actuales de Mercasevilla. Esta operación, con un coste global de 107 millones, se produjo tras la aprobación del traslado de la empresa en una Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada en noviembre de 2005 y con autorización del Pleno concedida en diciembre de ese mismo año. La resolución se firmó meses después, en febrero de 2006, y casi un año después la firma Sanma se comprometió a hacer frente a los gastos del traslado de la empresa a Majarabique, una operación bloqueada en estos momentos, tras sufrir varios retrasos. Según fuentes judiciales, la magistrada quiere conocer cómo se elaboraron los pliegos de adjudicación de esta operación, cómo se resolvió el concurso y por qué se decidió contratar a Sanma cuando había otras ofertas para la operación.
Cuando se realizó esta operación, Jorge Piñero Gálvez ocupaba el puesto de vicesecretario de Mercasevilla, cargo que mantiene en la actualidad, mientras que María Victoria Bustamante Sainz compatibiliz-aba su cargo de alta funcionaria en Urbanismo con una vocalía en el consejo de administración de Mercasevilla.
Estas citaciones se producen después de que los dos principales imputados en el caso Mercasevilla, el ex gerente Fernando Mellet y el ex director adjunto de la empresa Daniel Ponce -quien aún trabaja en la compañía-, rechazasen declarar ante la juez. Ambos solicitaron supuestamente el pago de una comisión de 450.000 euros al grupo empresarial La Raza, como condición para acceder a una subvención de la Junta para la puesta en marcha de una escuela de hostelería.
La decisión de no declarar de los dos imputados ha derivado en el adelantamiento de las nuevas citaciones de testigos al próximo viernes, lo que ha provocado que algunos de los citados como Piñero se encuentren fuera del país de vacaciones. Hoy le toca el turno a la trabajadora de Mercasevilla imputada, Regla Pereria.
