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El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Gobierno. Foto: EFE
El Gobierno andaluz admitió ayer que puede que sea el erario público el que pague la defensa de los altos cargos imputados en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). La jueza Mercedes Alaya dictó la pasada semana un auto en el que
imputó a 20 altos cargos y exdirigentes del Gobierno andaluz como responsables en la presunta trama corrupta, entre ellos el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, o la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez.
El portavoz del Gobierno andaluz,
Miguel Ángel Vázquez, no descartó ayer que la Junta pueda asumir la defensa de estos imputados y apeló a la norma que recoge esa posibilidad. El Ejecutivo autonómico insistió en que no se trata de una resolución política sino jurídica y administrativa y aseguró que estos altos cargos se limitaban al cumplimiento de la ley de presupuestos, obligación de todo cargo público. Pasadas las nueve y media de la noche y después del revuelo mediático causado por la información, el Gobierno andaluz envió un comunicado en el que insistió en negar que la Junta vaya a pagar la defensa de los imputados en el caso ERE aunque se refirió a la norma que regula esa posibilidad.
El decreto que regula las funciones de los servicios jurídicos fija en una disposición adicional que
los letrados de la Junta de Andalucía podrán representar y defender a las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su categoría, en toda clase de procedimientos judiciales que se dirijan contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por el titular de la Consejería de quien dependa el afectado.
En caso de que haya incompatibilidad por la posición procesal, se podría, previo informe del gabinete jurídico, contratar los servicios profesionales privados que se encarguen de la defensa de su personal. Hay que recordar que la Junta está personada como parte perjudicada en el caso de los ERE.
Podrían solicitar el abono de su defensa los altos cargos imputados por la jueza Alaya y que aún están en activo dentro de la administración. La mayoría funcionarios con rango de secretarios generales. La Junta insistió en que ninguno de los imputados ha solicitado aún la asistencia letrada del Gobierno. En tres años de instrucción, insiste el Ejecutivo en su comunicado, se ha pagado la defensa del que era director general de Empleo, Daniel Rivera, el primer alto cargo del Gobierno de José Antonio Griñán imputado en la causa.
El portavoz Miguel Ángel Vázquez, subrayó durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno al que aseguró había asistido elEjecutivo en pleno, incluidos los dos aspirantes a las primarias socialistas, Susana Díaz y Luis Planas
que la imputación de estos altos cargos por el caso ERE aún no les ha sido notificada oficialmente. Esto imposibilita que hayan podido presentar el recurso que ya han anunciado en su mayoría ante la Audiencia Provincial de Sevilla por considerar que el auto no les imputa ningún delito y adolece de razones jurídicas.
El portavoz del Ejecutivo insistió ayer en que el auto es perfectamente recurrible porque imputa delitos que no aparecen en el Código Penal. Aseguró que ·invade competencias del ámbito de la política e incluso denunció su inconsistencia. Preguntado sobre por qué la Junta no recurre dicho auto, Vázquez aseguró que el Gobierno quiere andar con pies de plomo. No obstante, que la Audiencia tumbe el último auto de la magistrada de los ERE es en lo que confía el Ejecutivo autonómico, después de que la jueza haya apuntado en su última resolución judicial al corazón mismo del Consejo de Gobierno.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que
fije un calendario razonable para las declaraciones de los 20 cargos y ex altos cargos imputados. En un escrito elevado a la jueza, al que tuvo acceso Europa Press,
el Ministerio Público pone de manifiesto que la necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa garantizado adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha, muy especialmente los recogidos en el artículo 24.2 de la Constitución, exige la fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas personas imputadas, de forma que se pueda proceder a la concreción de los hechos delictivos que se imputan. Además de a Magdalena Alvarez, la jueza ha imputado al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre 2002 y 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el 25 de julio.
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Gobierno. Foto: EFE
El Gobierno andaluz admitió ayer que puede que sea el erario público el que pague la defensa de los altos cargos imputados en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). La jueza Mercedes Alaya dictó la pasada semana un auto en el que imputó a 20 altos cargos y exdirigentes del Gobierno andaluz como responsables en la presunta trama corrupta, entre ellos el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, o la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, no descartó ayer que la Junta pueda asumir la defensa de estos imputados y apeló a la norma que recoge esa posibilidad. El Ejecutivo autonómico insistió en que no se trata de una resolución política sino jurídica y administrativa y aseguró que estos altos cargos se limitaban al cumplimiento de la ley de presupuestos, obligación de todo cargo público. Pasadas las nueve y media de la noche y después del revuelo mediático causado por la información, el Gobierno andaluz envió un comunicado en el que insistió en negar que la Junta vaya a pagar la defensa de los imputados en el caso ERE aunque se refirió a la norma que regula esa posibilidad.
El decreto que regula las funciones de los servicios jurídicos fija en una disposición adicional que los letrados de la Junta de Andalucía podrán representar y defender a las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su categoría, en toda clase de procedimientos judiciales que se dirijan contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por el titular de la Consejería de quien dependa el afectado. En caso de que haya incompatibilidad por la posición procesal, se podría, previo informe del gabinete jurídico, contratar los servicios profesionales privados que se encarguen de la defensa de su personal. Hay que recordar que la Junta está personada como parte perjudicada en el caso de los ERE.
Podrían solicitar el abono de su defensa los altos cargos imputados por la jueza Alaya y que aún están en activo dentro de la administración. La mayoría funcionarios con rango de secretarios generales. La Junta insistió en que ninguno de los imputados ha solicitado aún la asistencia letrada del Gobierno. En tres años de instrucción, insiste el Ejecutivo en su comunicado, se ha pagado la defensa del que era director general de Empleo, Daniel Rivera, el primer alto cargo del Gobierno de José Antonio Griñán imputado en la causa.
El portavoz Miguel Ángel Vázquez, subrayó durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno al que aseguró había asistido elEjecutivo en pleno, incluidos los dos aspirantes a las primarias socialistas, Susana Díaz y Luis Planas que la imputación de estos altos cargos por el caso ERE aún no les ha sido notificada oficialmente. Esto imposibilita que hayan podido presentar el recurso que ya han anunciado en su mayoría ante la Audiencia Provincial de Sevilla por considerar que el auto no les imputa ningún delito y adolece de razones jurídicas. El portavoz del Ejecutivo insistió ayer en que el auto es perfectamente recurrible porque imputa delitos que no aparecen en el Código Penal. Aseguró que ·invade competencias del ámbito de la política e incluso denunció su inconsistencia. Preguntado sobre por qué la Junta no recurre dicho auto, Vázquez aseguró que el Gobierno quiere andar con pies de plomo. No obstante, que la Audiencia tumbe el último auto de la magistrada de los ERE es en lo que confía el Ejecutivo autonómico, después de que la jueza haya apuntado en su última resolución judicial al corazón mismo del Consejo de Gobierno.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que fije un calendario razonable para las declaraciones de los 20 cargos y ex altos cargos imputados. En un escrito elevado a la jueza, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público pone de manifiesto que la necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa garantizado adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha, muy especialmente los recogidos en el artículo 24.2 de la Constitución, exige la fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas personas imputadas, de forma que se pueda proceder a la concreción de los hechos delictivos que se imputan. Además de a Magdalena Alvarez, la jueza ha imputado al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre 2002 y 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el 25 de julio.
