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Un río de lodo provocado por la rotura de la balsa de Aznalcóllar.
Ni antiguos trabajadores ni autoridades locales salían de su asombro.
15 años después de que la localidad sevillana de Aznalcóllar viviera una auténtica catástrofe medioambiental por el vertido de residuos tóxicos al río Guadiamar, la Junta de Andalucía anunció ayer que convocará un concurso internacional para reabrir la mina que dejara de explotar la compañía sueca Boliden y Andaluza de Piritas (Apirsa) en 2002, cuando fue abandonada. Desde entonces, muchas han sido las voces que han reclamado su apertura, sobre todo la de los propios trabajadores de la corta, que daba empleo a un gran número de personas en una zona especialmente castigada por el paro.
Cuando echó el cierre, generaba 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Las autoridades andaluzas se han dado cuenta del revulsivo que puede ser la minería en un panorama económico desolador.
En los últimos años, se ha producido un aumento muy llamativo en la demanda de los metales que produce la mina sobre todo cobre y zinc, aunque también plomo y plata, sobre todo por parte de países emergentes como China, la India o Brasil, en plena expansión. Fruto de ello, resaltaron ayer fuentes de la Junta, se han llevado a cabo en la comunidad varios proyectos en el sector que están dando buenos frutos.
En la provincia de Sevilla, el máximo referente se encuentra en Cobre Las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de Europa, que ayer no se quiso pronunciar sobre si participará en el concurso internacional convocado por la Administración regional. En este caso, se optó por una fórmula de encapsulamiento de los residuos en seco, por lo que no existe presa de residuos como sucediera en Aznalcóllar.
Díaz, Villalobos y Ávila anuncian la reapertura de la mina. E.P.
Además, la Junta destacó otro proyecto, el de Matsa, que ha duplicado el tamaño de su explotación en la localidad onubenses de Almonaster, al que se le unen otros que actualmente se encuentran dentro de diversas fases dentro de la cuenca minera de la provincia vecina.
Los encargados de hacer el anuncio fueron la consejera de Presidencia y aspirante a ser candidata a la presidencia de la Junta por el PSOE, Susana Díaz, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, quienes mantuvieron una reunión con los alcaldes del Corredor de la Plata para explicarles el interés de la Junta por reactivar la mina. Muchos de ellos mostraron su sorpresa por el sigilo con el que se había gestionado la operación.
En este encuentro, explicaron las circunstancias en las que se encuentra el complejo minero que ocupa alrededor de 950 hectáreas. Boliden dejó sin explotar unas 35 millones de toneladas de mineral hasta la cota (280 metros sobre el nivel del mar), aunque el yacimiento podría generar mucho más, ya que se cree que a mayor profundidad podría haber otros 45 millones, lo que da una suma de
80 millones de mineral, con lo que ello supondría en valor en los mercados internacionales.
La Junta defiende que el proyecto no parte de cero, ya que la corta minera llamada de Los Frailes ya está construida, aunque en la actualidad se encuentra inundada, por lo que habría que destinar una inversión no especificada para su desagüe. Asimismo, este vaciamiento supondría también el tratamiento de esas aguas y la eliminación de las mismas. Después del impacto medioambiental y también social que tuvo el vertido de 1998,
la Administración andaluza hizo hincapié en que la apertura de la mina se efectuará atendiendo a los parámetros de máxima seguridad y de sostenibilidad económica, social y medioambiental. En cuanto a la premura con la que se llevará a cabo el concurso, una de las principales peticiones de los principales afectados trabajadores y ayuntamientos de la zona, la Junta anunció que de forma inmediata comenzará a redactar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas para regular el concurso, en el que se exigirán las máximas garantías de seguridad y sostenibilidad y del que
serán excluidas aquellas empresas que mantengan algún tipo de deuda con la Administración regional. En este sentido, se favorecerá a las ofertas con propuestas que primen la cuestión medioambiental. De hecho,
Boliden, que aún no ha pagado los costes de la catástrofe del vertido, queda excluida de manera inmediata del concurso. El programa de restauración de la mina ha supuesto un coste de unos 90 millones de euros en estos últimos tres lustros.
De hecho, el Tribunal Supremo dictaminó que la compañía sueca era la responsable del vertido de seis millones de metros cúbicos de lodo tóxico en 2004, por lo que tenía que pagar 43,7 millones de euros 1,3 menos de lo solicitado por el Consejo de Ministros para paliar los efectos económicos que supuso, aunque Boliden-Apirsa manifestó desde el principio que no estaba dispuesta a hacer frente a este montante.
La batalla judicial, en definitiva, continúa abierta. La Junta mantiene aún sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca el coste de la factura de los trabajos de restauración medioambiental, al aque reclama 89 millones de euros. El Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla instruirá el caso después de inhibirse al comienzo 15 años después de la catástrofe después de que se lo impusiera el Supremo.
La vía penal para dirimir responsabilidades en este suceso se saldó con 21 técnicos imputados absueltos.
Un río de lodo provocado por la rotura de la balsa de Aznalcóllar.
Ni antiguos trabajadores ni autoridades locales salían de su asombro. 15 años después de que la localidad sevillana de Aznalcóllar viviera una auténtica catástrofe medioambiental por el vertido de residuos tóxicos al río Guadiamar, la Junta de Andalucía anunció ayer que convocará un concurso internacional para reabrir la mina que dejara de explotar la compañía sueca Boliden y Andaluza de Piritas (Apirsa) en 2002, cuando fue abandonada. Desde entonces, muchas han sido las voces que han reclamado su apertura, sobre todo la de los propios trabajadores de la corta, que daba empleo a un gran número de personas en una zona especialmente castigada por el paro. Cuando echó el cierre, generaba 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Las autoridades andaluzas se han dado cuenta del revulsivo que puede ser la minería en un panorama económico desolador. En los últimos años, se ha producido un aumento muy llamativo en la demanda de los metales que produce la mina sobre todo cobre y zinc, aunque también plomo y plata, sobre todo por parte de países emergentes como China, la India o Brasil, en plena expansión. Fruto de ello, resaltaron ayer fuentes de la Junta, se han llevado a cabo en la comunidad varios proyectos en el sector que están dando buenos frutos.
En la provincia de Sevilla, el máximo referente se encuentra en Cobre Las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de Europa, que ayer no se quiso pronunciar sobre si participará en el concurso internacional convocado por la Administración regional. En este caso, se optó por una fórmula de encapsulamiento de los residuos en seco, por lo que no existe presa de residuos como sucediera en Aznalcóllar.
Díaz, Villalobos y Ávila anuncian la reapertura de la mina. E.P.
Además, la Junta destacó otro proyecto, el de Matsa, que ha duplicado el tamaño de su explotación en la localidad onubenses de Almonaster, al que se le unen otros que actualmente se encuentran dentro de diversas fases dentro de la cuenca minera de la provincia vecina.
Los encargados de hacer el anuncio fueron la consejera de Presidencia y aspirante a ser candidata a la presidencia de la Junta por el PSOE, Susana Díaz, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, quienes mantuvieron una reunión con los alcaldes del Corredor de la Plata para explicarles el interés de la Junta por reactivar la mina. Muchos de ellos mostraron su sorpresa por el sigilo con el que se había gestionado la operación.
En este encuentro, explicaron las circunstancias en las que se encuentra el complejo minero que ocupa alrededor de 950 hectáreas. Boliden dejó sin explotar unas 35 millones de toneladas de mineral hasta la cota (280 metros sobre el nivel del mar), aunque el yacimiento podría generar mucho más, ya que se cree que a mayor profundidad podría haber otros 45 millones, lo que da una suma de 80 millones de mineral, con lo que ello supondría en valor en los mercados internacionales.
La Junta defiende que el proyecto no parte de cero, ya que la corta minera llamada de Los Frailes ya está construida, aunque en la actualidad se encuentra inundada, por lo que habría que destinar una inversión no especificada para su desagüe. Asimismo, este vaciamiento supondría también el tratamiento de esas aguas y la eliminación de las mismas. Después del impacto medioambiental y también social que tuvo el vertido de 1998, la Administración andaluza hizo hincapié en que la apertura de la mina se efectuará atendiendo a los parámetros de máxima seguridad y de sostenibilidad económica, social y medioambiental. En cuanto a la premura con la que se llevará a cabo el concurso, una de las principales peticiones de los principales afectados trabajadores y ayuntamientos de la zona, la Junta anunció que de forma inmediata comenzará a redactar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas para regular el concurso, en el que se exigirán las máximas garantías de seguridad y sostenibilidad y del que serán excluidas aquellas empresas que mantengan algún tipo de deuda con la Administración regional. En este sentido, se favorecerá a las ofertas con propuestas que primen la cuestión medioambiental. De hecho, Boliden, que aún no ha pagado los costes de la catástrofe del vertido, queda excluida de manera inmediata del concurso. El programa de restauración de la mina ha supuesto un coste de unos 90 millones de euros en estos últimos tres lustros.
De hecho, el Tribunal Supremo dictaminó que la compañía sueca era la responsable del vertido de seis millones de metros cúbicos de lodo tóxico en 2004, por lo que tenía que pagar 43,7 millones de euros 1,3 menos de lo solicitado por el Consejo de Ministros para paliar los efectos económicos que supuso, aunque Boliden-Apirsa manifestó desde el principio que no estaba dispuesta a hacer frente a este montante.
La batalla judicial, en definitiva, continúa abierta. La Junta mantiene aún sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca el coste de la factura de los trabajos de restauración medioambiental, al aque reclama 89 millones de euros. El Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla instruirá el caso después de inhibirse al comienzo 15 años después de la catástrofe después de que se lo impusiera el Supremo.
La vía penal para dirimir responsabilidades en este suceso se saldó con 21 técnicos imputados absueltos.
