La sociedad pública Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y por Mercasa, celebrará mañana una junta general de accionistas en cuyo orden del día figura la modificación de sus estatutos y la ratificación del acuerdo adoptado, en el seno del consejo de administración, para designar a Jordi Maymó como nuevo director general del ente, sacudido por los ceses de los directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza'.
El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), informó a Europa Press de que la junta general de accionistas se celebrará a partir de las 13,00 horas en las propias instalaciones de Mercasevilla, empresa en la que el Consistorio ostenta el 51 por ciento del capital social.
Según desgranó, en la sesión se debe debatir primero una modificación de los estatutos que permita la confirmación como nuevo director general de Jordi Maymó, ex director general del mercado de mayorista de Barcelona (Mercabarna), y posteriormente la ratificación del acuerdo del consejo de administración que aprobaba la entrega de dicho cargo a Maymó.
La designación de Jordi Maymó como nuevo director gerente de Mercasevilla se aprobó en el seno del consejo de administración con el voto favorable de todos sus consejeros a excepción del representante del PP, que se abstuvo en la votación.
También como consecuencia del citado intento de cobro de comisiones ilegales, caso que investiga el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla y que motivó la salida de Mellet y Ponce de esta empresa, cabe recordar que el último consejo de administración acordó emprender un "estudio" sobre la posible disolución de la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla a cuenta de la gestión desplegada por ambos, porque la entidad sufre un resultado negativo de 1.116.148 euros con actuaciones no autorizadas por los órganos superiores de gobierno.
El citado estudio, que parte de la auditoría realizada por la consultora especializada 'Deloitte', condenaba a la Fundación Socioasistencial a su "liquidación y disolución" a menos que reciba "el apoyo financiero suficiente" para reflotar la entidad, detectando además que los gestores habían protagonizado actuaciones "a espaldas totalmente del Patronato y sin la aprobación de ninguno de sus órganos de gobierno de la misma".
