Ambas normas salieron del Parlamento andaluz en mayo de 2010 y contaron con el rechazo del PP e IU a pesar de que habían estado precedida de unas intensas y larguísimas negociaciones en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Hasta cinco consejeros de Gobernación trataron sin éxito de legislar en esta materia y finalmente, la clave fue el Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por todos los partidos menos el PA, que abrió una intensa negociación y cerró nueve artículos específicamente dedicado a los ayuntamientos.
Esas leyes fueron calificadas por alcaldes de todos los partidos como un "hito político". Así se refirió a las normas por ejemplo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del PP, a pesar de que al final su partido no las apoyó en el Parlamento. Tampoco lo hizo IU, que pasó de la abstención a endurecer su postura y votar no a las normas por "insuficientes". Fue Diego Valderas, hoy vicepresidente del Gobierno andaluz y responsable de las relaciones con los ayuntamientos, quien asumió aquel discurso. Ahora defiende las normas andaluzas en contra de los planes del Gobierno del PP.
Las leyes llegaron con dos décadas de retraso, fue en 1994 cuando el entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, lanzó por vez primera la idea del Pacto Local, llamado a clarificar las competencias entre la Junta y los ayuntamientos y a mejorar la financiación local, aunque el Ejecutivo andaluz siempre ha dejado claro que el grueso de este problema de asfixia financiera de los ayuntamientos estaba en manos del Estado. La Ley de Autonomía Local fijó, por vez primera en España, un marco de 29 competencias exclusivas y mínimas de los ayuntamientos. Se abría la puerta, solo para los consistorios de mayor tamaño, a que la Junta delegara de mutuo acuerdo algunas de sus competencias, siempre acompañadas de financiación.
Uno de los puntos conflictivos de la reforma local que prepara el Gobierno es el tema de las competencias "impropias", otra reclamación histórica de los ayuntamientos que vienen alertando desde hace años de que tres de cada diez euros que gastan corresponden a deberes de otras administraciones. En Andalucía, los ayuntamientos del PP ya han celebrado la devolución de competencias a la Junta, sobre todo en el ámbito de la educación y mantenimiento de colegios.
Por otra parte, la llamada Patrica, permitía por vez primera a los alcaldes andaluces que se atendiera una de sus históricas reclamaciones y obligaba al Gobierno andaluz a engordar la partida presupuestaria destinada a financiación incondicionada, dinero que los municipios pueden gastar sin ataduras. Hasta entonces, la mayor parte de los recursos estaban supeditados a proyectos y partidas concretas.
La ley comprometió partidas económicas concretas hasta 2014. En el Presupuesto de 2013, los fondos incondicionados ascendieron a 480 millones de euros. En el primer ejercicio de aplicación, 2011, fueron 420 millones. De salir adelante la reforma local, ese fondo se suprimiría, asegura la Junta, que estudia desde el pasado miércoles el borrador estatal y está convencida de que colisiona con el Estatuto, lo que conllevaría un recurso al Tribunal Constitucional.
En Andalucía, el PP considera que la nueva ley permitirá ahorrar 2.150 millones de euros en sueldos, asesores y supresión de entes locales. El PSOE-A cree que se perderían 40.000 empleos y que el 90% de municipios andaluces, de menos de 20.000 habitantes, deberían entregar sus servicios públicos a las Diputaciones, que terminarían, dicen, privatizándolos.
