La Junta "no contempla" una prórroga de la encomienda de gestión pactada el pasado abril con el Gobierno como fórmula provisional para mantener los recursos y políticas relacionadas con la gestión del Guadalquivir, después de que el Tribunal Constitucional anulara el artículo del Estatuto andaluz que daba a la comunidad competencias exclusivas sobre la cuenca.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, salió ayer al paso de la alarma levantada por la federación de regantes Feragua, crítica con el traspaso de las competencias estatales a la Junta, que anunció en un comunicado que el secretario general del Agua, Juan Paniagua, les había comunicado por la mañana durante una reunión del Consejo Andaluz del Agua que la Junta no descartaba prorrogar la encomienda de gestión. Para Feragua, tal prórroga sería un "fraude a la Justicia".
El consejero aclaró que Paniagua solo explicó a los regantes que "legalmente puede darse" la posibilidad de prorrogar la fórmula transitoria pactada más allá de octubre, pero destacó que eso "no está en el ánimo" de los gobiernos central y autonómico. Díaz Trillo aseguró "la voluntad de la Junta es clara y meridiana por alcanzar una solución definitiva" y "no trabaja con la hipótesis de una ampliación".
Para avanzar en la solución definitiva antes de octubre, Gobierno y Junta constituyeron una subcomisión técnica para ir desbrozando y acotando los márgenes que tendrá el nuevo modelo de gestión del Guadalquivir que se reunió por primera vez la semana pasada. El consejero anunció que hoy volverá a reunirse y que se ha acordado intensificar las reuniones durante el mes de julio.
