El presidente de la Junta, Manuel Chaves, afirmó ayer que las administraciones tienen la obligación de aguardar a que se resuelva el proceso judicial abierto en torno al hotel del Algarrobico antes de demolerlo, lo que, además, puede abaratar el justiprecio para su expropiación.
"Si el justiprecio se puede abaratar como consecuencia de una resolución judicial, pues bienvenido sea el abaratamiento de esos recursos", señaló Chaves, quien recordó que es con el dinero de "todos" los andaluces con el que debe de asumirse la expropiación del inmueble construido en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
El presidente andaluz señaló que el Gobierno central y el andaluz "tienen que estar pendientes del dinero de los andaluces", además de contar con la "obligación y la responsabilidad" de esperar a que se resuelva el proceso judicial abierto sobre el edificio promovido por Azata.
Pese a estos "condicionamientos", Chaves reiteró que el hotel "nunca" se pondrá en funcionamiento y que será derribado, planteamientos que comparten la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente con organizaciones como Greenpeace. El pasado jueves, activistas de este colectivo cubrieron con 18.000 metros cuadrados de tela verde el hotel del Algarrobico para intentar forzar el derribo del edificio por parte del departamento que encabeza la ministra Elena Espinosa, que respondió a la protesta diciendo que colaboraría con la Junta en la demolición del inmueble al término del proceso judicial.
La administración central difundió los contenidos de un informe elaborado por la Abogacía del Estado que recomienda abandonar el proceso de expropiación emprendido mientras avanza la actuación judicial, puesto que continuar con él sería un "claro ejemplo de ineficacia" de la actividad administrativa".
