La Junta pondrá en marcha un nuevo plan para reforzar la lucha contra el fraude fiscal que incluirá sanciones. Lo anunció ayer la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, que estrenó en el Parlamento la ronda de comparecencias ante el Presupuesto andaluz de 2010 , que tiene el rechazo frontal de los dos grupos de la oposición, que presentarán sendas enmiendas a la totalidad.
En el Presupuesto de la crisis, el primer gran debate con PP e IU estuvo marcado por la deuda histórica, que centró un rifirrafe más político que de cifras.
Las cuentas andaluzas son, en recesión, las primeras de la autonomía que caen respecto al año anterior. Se calcula un desplome del 21% de los ingresos tributarios (2.681 millones). La Junta reiteró que no va a subir ni bajar impuestos, como piden IU y PP respectivamente. Pero sí habrá nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal que, dados los impuestos ahora mismo en mano de la Junta y hasta que entre en vigor el nuevo sistema de financiación autonómica, afectarán sobre todo a tributos ligados a la compra y venta de viviendas (Transmisiones Patriomoniales y Actos Jurídicos Documentados) o a herencias (Sucesiones y Donaciones).
El fraude más común es la infravaloración de bienes para pagar menos a Hacienda. Un mal al que la Junta tratará de ponerle cerco publicando y elaborando unas normas básicas de valoración de bienes y un listado de precios medios y procediendo a un control masivo de declaraciones pidiendo información a terceros (notarios, registradores de la propiedad y subastadores de bienes).
Además Martínez Aguayo -cuyo departamento aseguró que aún no ha calculado qué impacto económico tendría este nuevo plan y cuánto piensa recaudar-- anunció "un nuevo procedimiento sancionador" que multará a los ciudadanos que presenten sus declaraciones incompletas o no atiendan los requerimientos de la Agencia Tributaria andaluza, cuyo despliegue -se creo este año- se hará en 2010.
La Junta ha agotado su límite de endeudamiento y acudido a fórmulas como la cofinanciación público-privada de grandes obras públicas para paliar una caída de la inversión directa del 6,8% (hasta del 22% si se aisla la inversión en infraestructuras). Dos puntos débiles, a juicio de la oposición, que afloraron en el debate igual que el "escaso esfuerzo", según coincidieron desde las filas contrarias, realizado con los ayuntamientos. Pero la gran polémica fue el uso que en estas cuentas ha hecho el Gobierno de la deuda histórica. Un contencioso que el Ejecutivo de Zapatero deberá saldar, según el Estatuto, en marzo, y del que quedan por pagar 784 millones de euros.
PP e IU pusieron el grito en el cielo porque el Gobierno andaluz haya consignado en sus cuentas de 2010 sólo 484 millones, ya que en este ejercicio se consignaron 300 millones que nunca se han cobrado. ¿Es que piensa el Gobierno renunciar a esa cantidad?, preguntaron. El diputado del PP Salvador Fuentes denunció el "menosprecio" al Estatuto y el de IU, Pedro Vaquero, la "enorme confusión" que el Gobierno está generando y que hace que se "desdibuje" una demanda histórica. Y sobre todo, ambos criticaron el cambio de uso que se hace en este Presupuesto de la deuda.
Durante años la Junta ha defendido que esta partida se gastaría en educación, sanidad y vivienda, ya que iba destinada a sufragar el déficit que en estas materias tenía Andalucía en los 80, cuando comenzaron los traspasos de competencias. Ahora la Junta defiende que ese dinero va a la hucha común y que puede dedicarlo a inversiones. De hecho en 2010, y ante la caída de recursos, de los 484 millones de deuda una parte irá a medioambiente (14 millones) e infraestructuras (29).
La consejera de Economía, que no ocultó su estupor por que este asunto político solape el debate, hizo lo posible por quitar hierro y aseguró "no hay novedad".Su Gobierno, dijo, reivindicará al de Zapatero un total de 784 millones y su pago se pactará en comisión. La Junta abre la puerta a que una parte se salde en bienes.
Para IU estos no son unos Presupuestos de izquierda, sino "poco valientes". Este grupo desconfía de la confinanciación público-privada porque no se conocen "qué compensaciones se van a llevar las empresas" o si habrá "peajes" para los ciudadanos. Para el PP con el grifo del crédito cerrado, "¿cómo quieren que los empresarios les paguen las inversiones?". "La austeridad es bastante poca", lamentó el popular, que contrapuso un ahorro de "sólo el 10% frente a una caída de la inversión del 22%". "El Presupuesto es un cuento, es el del millón de parados y la Junta no es capaz de sacar a Andalucía del pelotón de los torpes", concluyó.
