El Gobierno andaluz ha solicitado al Ministerio de Hacienda que conceda una moratoria en la aplicación de la reforma local, en vigor desde el pasado 10 de diciembre, pero no tiene esperanzas de que el ministro Cristóbal Montoro le escuche. Por esta razón, nueve días después de que el Consejo de Gobierno autorizara la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la citada reforma, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha decidido acudir a un estamento judicial inferior, el Tribunal Supremo, para que suspenda de forma cautelar la aplicación de la norma, hasta que el Constitucional se pronuncie.
Es el enésimo paso que da el socio de Gobierno, IU, en contra de una ley que considera resta autonomía a los municipios, abre la puerta a la eliminación de los pueblos más pequeños y busca privatizar los servicios municipales más básicos para los ciudadanos, como el agua o la recogida de basuras. Andalucía ha impulsado dos recursos de inconstitucionalidad contra la reforma local, uno a través del Gobierno y otro a través del Parlamento, con los votos de PSOE e IU y el rechazo del PP.
Valderas ha pedido un estudio a los servicios jurídicos de la Junta para que aclare si puede prosperar un recurso ante el Supremo para que paralice la reforma local hasta que los jueces del Constitucional se pronuncien. «La aplicación de la ley sólo se puede paralizar a través del Supremo», dijo Valderas. No es una estrategia nueva. La Junta ya intentó, sin éxito, desbloquear la ley antidesahucios, paralizada por un recurso del Gobierno ante el Constitucional, elevando un escrito a los jueces para que mantuvieran en activo la norma hasta que concluya el litigio.
El vicepresidente también anunció que pedirá a Montoro una modificación de las condiciones de los préstamos del plan de proveedores para facilitar «oxigeno financiero y económico» a los ayuntamientos, informa Efe. «Vamos a exigir la ampliación del plazo de devolución de los préstamos de diez a veinte años, así como que se amplíe el periodo de carencia a dos años más para que los ayuntamientos puedan hacer frente a las dificultades económicas que tienen», explicó. La Junta va a solicitar también una «rebaja» de los tipos de interés porque son «inviables», según Valderas, que se ha quejado de que el Estado está consiguiendo actualmente préstamos «mucho más baratos». El secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, también anunció ayer que su partido llevará al Congreso una iniciativa para que el Gobierno del PP ponga los mecanismos necesarios «para evitar el colapso» económico que van a sufrir algunos ayuntamientos debido a los intereses que tienen que abonar por los préstamos que en su día recibieron para el pago a proveedores, cuyo periodo de carencia concluye el próximo mayo.
