Con él son ya 42 los casos detectados en los que, según la Junta, menores que entraron irregularmente en el país por Canarias han terminado bajo su tutela. Cuatro de ellos llegaron en vuelos directos de las islas a aeropuertos andaluces y el resto viajaron en avión a Valencia o Cataluña y desde allí en autobús o tren con destino a Andalucía.
Navarro dio la primera voz de alarma a mitad de julio y aseguró haber remitido pruebas documentales a la Secretaría de Estado de Migraciones de menores que pedían incluso acudir a centros concretos andaluces y que aseguraban que el Gobierno canario les había pagado el transporte a Andalucía. La denuncia provocó una respuesta encolerizada del Ejecutivo insular, que negó las acusaciones y exigió a la consejera que se retractara. A mediados de agosto, en una comparecencia pública, Navarro no sólo rehusó retractarse sino que se reafirmó en su denuncia y pidió al Gobierno central que abriera una investigación, petición que apoyó Canarias.
Desde entonces, la consejera reconoce haber mantenido contactos tanto con su homóloga canaria, Inés Rojo, como con la Secretaría de Estado, si bien ayer aseguró que aún "está a la espera de respuesta" sobre la investigación de los hechos. Desde el Gobierno central confirmaron a este periódico que no hay novedades aunque mantienen su disposición a aclarar el asunto.
Navarro afirmó además que en este tiempo se ha registrado un nuevo caso. Desde Canarias, Rojo volvió a negar la intervención del Gobierno insular en el traslado de este último menor ni en los 41 casos denunciados anteriormente por la Junta. Es más, según Rojo, Canarias no ha desviado en los últimos dos meses a ningún niño extranjero ni siquiera a las comunidades con las que hace un año suscribió convenios para derivar a niños extranjeros ante llegadas masivas. Andalucía no firmó el acuerdo porque entonces acogía a 1.200 menores inmigrantes en sus centros (actualmente se han reducido a 800).
Fuga en algeciras. Tres de esos menores acogidos se fugaron la madrugada del jueves del centro Nuestra Señora del Cobre de Algeciras (Cádiz) y fueron localizados horas después por la Policía, tras la llamada de un particular, en un edificio en ruinas.
Ayer la consejera defendió, frente a la denuncia de Andalucía Acoge, la rigurosidad de las pruebas oseométricas que se practican a los jóvenes inmigrantes para determinar si son menores y cuestionó que sean las mismas en todas las regiones. Además aseguró que en caso de duda, se falla a favor del menor.
