Las aguas del río Guadalquivir, gestionadas por la Junta desde el 1 de enero de 2009, seguirán provisionalmente en manos del Gobierno andaluz. Zapatero y Griñán pactaron ayer una "fórmula transitoria" para salvaguardar las políticas del agua andaluzas, que estaban en vigor al amparo del Estatuto de Autonomía desde hacía dos años, pero que entraron en un limbo legal cuando el Tribunal Constitucional retiró a Andalucía las competencias exclusivas sobre el río.
Hasta que se decida el "modelo definitivo de gestión" y hasta saber si la administración del Guadalquivir puede encajar en el Estatuto andaluz sin volver a violentar los márgenes de la Constitución, la fórmula acordada ayer servirá para dar "seguridad jurídica a lo que ya hay": a la Ley de Aguas -que fue aprobada en el Parlamento y está en vías de desarrollo- y a la reciente Agencia Andaluza del Agua, donde trabajan más de 700 funcionarios que dejaron de depender del Estado (de la Confederación Hidrográfica) para integrarse en este organismo autonómico.
El Gobierno central ha aceptado preservar el ordenamiento jurídico de las políticas del agua andaluzas a través de una encomienda de gestión, que se regulará mediante Real Decreto. Es un movimiento complejo, que Griñán definió ayer como de "absoluta arquitectura jurídica": el Estado ostentaba las competencias sobre el Guadalquivir; la Junta se las quitó al aprobar la reforma del Estatuto andaluz (2007); el Tribunal Constitucional se las devolvió al Estado, argumentando que la cuenca atravesaba varias comunidades y su gestión no se podía fragmentar. Ahora el Gobierno, voluntariamente, "encomienda una competencia exclusiva suya a Andalucía".
Cuál será el límite de las competencias delegadas de la Junta es algo que aún está por ver. Los apartados de la gestión del Guadalquivir que serán cedidos provisionalmente se decidirán en la Comisión Bilateral Gobierno central-Junta, que se reunirá el miércoles de la semana que viene. Antes, los grupos parlamentarios andaluces tendrán tiempo de posicionarse sobre los términos del acuerdo al que han llegado Zapatero y Griñán. Será en la comisión de desarrollo estatutario del próximo jueves.
Más de una hora. El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y su homólogo andaluz estuvieron algo más de una hora reunidos. José Antonio Griñán compareció después y agradeció al presidente "la sensibilidad" que ha demostrado con este conflicto. Zapatero aceptó recibir a Griñán en cuanto supo de la sentencia del Alto Tribunal, y el encuentro no ha tardado ni una semana en producirse. El año pasado, tras el varapalo del Constitucional al Estatut, el expresidente de la Generalitat, José Montilla, tardó dos semanas en ser recibido en la Moncloa. En esas dos semanas la sociedad política y civil catalana salió a la calle para protestar por el fallo y para reivindicar al Gobierno central una solución que devolviera legitimidad al Estatut. La respuesta de Zapatero fue acudir al artículo 150.2 de la Constitución, que abre una fisura legal para que el Estado delegue competencias exclusivas a las comunidades.Los partidos andaluces en la oposición -PP e IU-, y miembros de la propia Junta han barajado esta semana esa opción legal para recuperar la dosis de autogobierno que Andalucía ha perdido con el fallo del Constitucional. Pero desde la Junta remarcaron ayer que "la solución permanente no será algo inmediato, sino reflexivo", y que por el momento "lo que más urgía era desbloquear las políticas del agua andaluzas".
Griñán sí reiteró que "el modelo definitivo" debe apoyarse en los artículos 43 y 50 del texto estatutario que, a pesar de ser recurridos también por la Junta de Extremadura, han sido declarados constitucionales. El 50 habla de las competencias de Andalucía en "las aguas que discurren íntegramente por la comunidad".
Con todo, Griñán subrayó que respeta la sentencia y al resto de regiones implicadas por las que "de forma minoritaria" transcurre el Guadalquivir pero, especialmente, garantiza "el principio de unidad de cuenca y los principios que estaban incluidos en el precepto anulado, como la planificación del ciclo hidrológico, las normas básicas sobre protección del medio ambiente y las normas hidráulicas". Griñán adelantó que el diálogo con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, se hará "en términos políticos", pero que ahora, con esta fórmula, se moverán en "términos estrictamente jurídicos". "Gobierno y Junta estamos de acuerdo en que hay margen para que la voz de Andalucía siga siendo predominante", concluyó.
