La Consejería de Empleo deja todo en manos de la Justicia y elude dar explicaciones sobre las nuevas irregularidades en Mercasevilla denunciadas por el PP. El responsable de política municipal del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo, aparece en varios documentos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla de 2007 como uno de los trabajadores que se acogió al mismo. Sin embargo, nunca trabajó para la empresa, como confirmó el propio Garrido y Mercasevilla. Con todo, la Junta se limitó a dar un escueto comunicado con tres puntos.
En primer lugar, Empleo asegura que envió el pasado mes de junio al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla toda la documentación referente al ERE de 2007 de Mercasevilla y reitera su disposición a colaborar "plenamente" con la instrucción del caso para que se esclarezca cualquier irregularidad.
El segundo punto dice que la consejería manifiesta su interés en que la investigación "llegue hasta el final y se depuren todas las responsabilidades posibles que en su caso pudieran determinar los jueces". Por último, la Junta reitera "una vez más" que no tiene "ningún compromiso administrativo para el pago de prejubilaciones en Mercasevilla con respecto al Expediente de Regulación de Empleo de 2007".
La plantilla de Mercasevilla, mientras tanto, mostró ayer su "indignación y enfado" ante esta nueva irregularidad. Los representantes de los trabajadores anunciaron que sus abogados ya estudian la situación y que pidieron a la dirección de la empresa un certificado que garantice que Antonio Garrido nunca trabajó en Mercasevilla.
"El presidente de la Junta tiene que investigar y depurar responsabilidades. No entendemos cómo la Consejería de Empleo autoriza una póliza que no aparece en el expediente de regulación de empleo, cuando es la que debe verificar y controlar ese aspecto", manifestó ayer el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez. A su juicio, "no se entiende" esta situación cuando la solución de las prejubilaciones está en manos de la Junta. Por todo ello, los prejubilados seguirán con su calendario de movilizaciones.
El Ayuntamiento, por su parte, tampoco quiso valorar la situación. Sólo el portavoz del PSOE en el Consistorio, Alberto Moriña, afirmó que espera que se esclarezca el asunto, tras defender que Garrido y Mercasevilla aseguraron que el socialista jiennense no cobró ni un euro.
En contra, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, tildó de "gravísima" e "indignante" la inclusión de un miembro del PSOE de Baeza en las prejubilaciones del ERE promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla. A su juicio, este asunto no tiene "parangón", porque los 40 prejubilados no consiguen que sus prestaciones sean reconocidas al haberse desligado la Consejería de Empleo de la financiación del procedimiento, cuyo coste supera los nueve millones de euros, principal losa económica de la sociedad.
Zoido lamentó el "silencio" del Gobierno municipal y de la Administración autonómica, sobre todo porque los documentos atribuyen a Garrido Santoyo, entre 1 de noviembre de 2007 y el 30 de abril de 2009, un "importe mensual en concepto de complemento salarial" de 5.876,22 euros. "Nadie ha dado una explicación satisfactoria", advirtió el portavoz del PP, para quien este caso prueba que el intento de cobro de comisiones ilegales investigado en la compañía no fue "un hecho aislado".
El caso de Garrido Santoyo, a juicio de Zoido, demuestra que la sociedad mixta ha sufrido una "situación generalizada de irregularidades", criticando que este miembro del PSOE de Jaén haya podido cobrar "más de 5.000 euros" mensuales con cargo a la compañía pese a no haber figurado jamás en la plantilla.
El portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, acusó al PP de intentar "ensuciar la vida política".
