La Junta permitirá que se legalicen 11.000 viviendas irregulares en La Axarquía (Málaga), la comarca andaluza donde más han proliferado los desmanes del ladrillo por la falta de planeamiento urbanístico. Se estima que en la zona hay entre 20.000 y 25.000 casas ilegales, diseminadas en el territorio, pero la cifra definitiva no se sabrá -igual que en el resto de la comunidad- hasta que no estén listos los inventarios de construcciones en suelo no urbanizable. Se trata de censos en los que se inscriben las viviendas con todas sus características (ubicación, dimensiones, etc). Una vez que están localizadas, la administración les puede buscar una solución.
De momento, la Junta está trabajando con 78 municipios andaluces en la elaboración de los inventarios y ya tiene identificadas 100.000 viviendas ilegales, según los datos ofrecidos por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, en una reciente comparecencia parlamentaria. El número final será más alto porque el recuento aún no está terminado. Se calcula que puede llegar hasta las 300.000 casas. Los inventarios de estos 22 municipios de La Axarquía son los primeros que se han terminado y han arrojado una cifra de 12.760 construcciones.
La consejera presentó ayer los datos en una reunión con los alcaldes. El 86,5% se podrá legalizar a través del decreto que prepara la consejería y que establecerá los criterios y procedimientos que deberán seguir los propietarios de viviendas ilegales para que sus casas puedan contar con licencia de ocupación y, por tanto, acceder a los servicios básicos de luz, agua, basura, etc.
El resto, unas 1.735 casas, deberán derribarse por ubicarse en suelos de especial protección. Esta decisión corresponderá a los respectivos ayuntamientos. La cifra de viviendas irregulares en La Axarquía será mayor porque aún no ha terminado el recuento en los municipios más poblados, como Vélez-Málaga, Nerja o Torrox. Los 22 pueblos con inventarios son: Almáchar, Arenas, Comares, Iznate, Moclinejo, Alfarnate, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Alfarnatejo, Algarrobo, Benamocarra, Colmenar, Frigiliana, Periana, Sayalonga y Riogordo. 14 de ellos no cuentan con PGOU y la consejería se comprometió con los alcaldes a que los planes generales estarían listos antes de las elecciones del 22 de mayo.
tribunales. La Axarquía es una de las zonas "que más ha demandado" la norma que ultima la consejería para poner claridad a los criterios de legalización de viviendas, explicó Cruz Villalón. Algunos de los regidores de la comarca están inmersos en procesos judiciales por permitir que se construya en suelo no urbanizable. La consejera confió en que el armazón normativo sirva para evitar que los alcaldes se vean inmersos en procesos judiciales.
Una vez que esté aprobado el decreto, dentro de seis meses como mucho, el propietario de la vivienda irregular tendrá que pedir al ayuntamiento su legalización, presentando un proyecto de actuación al consistorio, que solicitará a su vez los informes preceptivos para poder concederle la licencia de ocupación. En cuanto a las casas que han sido ilegales en su origen pero cuya ilegalidad ha prescrito al pasar más de cuatro años sin estar afectadas por ningún expediente, el dueño demandará al consistorio el reconocimiento de su situación y éste determinará los servicios básicos, preferentemente mediante autoabastecimiento, para adecuar la vivienda al uso al que se destina. La consejera dejó claro que el acceso a las infraestructuras básicas no podrá costar ni un euro a las administraciones, si no que lo pagará el infractor.
