Gobierno y Junta mantuvieron ayer una primera conversación antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que está prevista el próximo martes y que afilará la tijera de los recortes para reconducir una desviación de 40.000 millones de euros -la mayor parte en el tejado de las comunidades- del objetivo del déficit público comprometido con Bruselas. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, confirmó a este periódico que mantuvo a última hora de la mañana de ayer una conversación telefónica "cordial y amable" con el ministro Cristóbal Montoro, a través de la cual Andalucía conoció la agenda de la próxima cita económica.
La reivindicación de Andalucía sigue inamovible: que el Gobierno no aplique la misma vara de medir a todas las comunidades y que module las exigencias del déficit según lo que cada una haya hecho en los últimos años. Andalucía está entre las comunidades con cuentas más saneadas, según datos del Banco de España. Tiene una deuda por habitante de 1.610 euros, por debajo de la media nacional (2.834 euros) y muy alejada de regiones como Valencia (4.020). La Junta estima que para el último ejercicio -los datos se conocerán a final de mes- podría volver a desviarse de un objetivo del déficit "exigente".
"Aunque de nuevo incumpliremos por debajo de la media como ya ocurrió en los dos años anteriores", dijo Aguayo.El responsable estatal avanzó algunas de las líneas básicas de la próxima Ley de Estabilidad Presupuestaria que hoy mismo abordará el Consejo de Ministros y que baraja sanciones a las comunidades y ayuntamientos que incumplan un techo máximo de gasto o se salten las líneas rojas fijadas para el endeudamiento.
A pesar de la beligerancia con la que el PSOE andaluz denunció ayer que el Gobierno se haya sentado primero con las comunidades del PP -Montoro se reunió el miércoles con los 12 barones populares-, el tono de la consejera fue conciliador. Según Martínez Aguayo -que atendió a los periodistas en el acto de presentación de la candidatura de Carme Chacón en Sevilla-, el Gobierno abrió la puerta a una reunión bilateral antes de que se celebre la cumbre con todas las autonomías, lo que la Junta rechazó por "no considerarlo necesario".
El Consejo de Política Fiscal y Financiera abordará tres puntos claves. Además de la ley de estabilidad presupuestaria, estudiará medidas para "reforzar el objetivo de consolidación fiscal", es decir, se decidirá cómo profundizar en los ajustes ante un déficit que sigue desbocado. Y analizará "la evolución de la reestructuración del sector público", supervisando los compromisos adquiridos por las comunidades para reducir empresas públicas. Según los datos ya avanzados por el ministerio, esa reforma está parada, lo que obligaría a desmantelar aún unos 450 organismos públicos. La Junta alega que ha eliminado el 48% de sus empresas, pasando de 231 a 119.
La consejera de Hacienda señaló que ofreció "lealtad" al Gobierno pero también la reclamó. La Junta sí quiere una cita bilateral para abordar el impacto del ajuste de Rajoy. Según Aguayo, supone "un impacto y una merma anual de 3.100 millones de euros" para Andalucía y así se lo ha comunicado por carta al ministro. La Junta calcula que los ajustes restarán en las entregas a cuenta del Estado a la comunidad 1.200 millones de euros. El resto vendría provocado por la caída del PIB que podría acarrear esas nuevas restricciones y que además podría ocasionar, avisan, "la destrucción en la comunidad de 60.000 puestos de trabajo".
Desde el PSOE acusaron ayer al Gobierno de maltratar a Andalucía. La reunión del CPFF será determinante y afectará a los números del Presupuesto andaluz. Sobre la posibilidad de cerrar el grifo a las comunidades incumplidoras, el PSOE-A dijo al Gobierno que empiece por pedir responsabilidades a los "suyos", que son los que "han derrochado".
