Hace unas semanas, la Consejería de Educación firmó convenios con 42 ayuntamientos para financiar 3.254 plazas públicas de guarderías, rozando así los 95.000 puestos escolares para menores de tres años en el próximo curso 2014-2015. El anuncio fue bien recibido en los municipios beneficiarios, pero desató la indignación del sector privado, que gestiona más de la mitad de las guarderías de Andalucía a través de convenios con la administración. La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade), mayoritaria en el sector, denunció ayer que la consejería ha dejado en torno a 12.000 plazas vacías en guarderías privadas ya concertadas de toda Andalucía, mientras autoriza la creación de nuevos centros a través de los ayuntamientos.
Acade acusa al departamento de Luciano Alonso de haber autorizado la ampliación de las infraestructuras en las guarderías con un nivel de sobredemanda contrastado (con listas de espera de alumnos), negándose a autorizar la oferta de nuevas plazas cuando las obras ya estaban finalizadas. «Se justifican en la falta de presupuesto. Para la creación de nuevas plazas en los centros municipales sí hay dinero, mientras que se niega para la ampliación de las escuelas conveniadas», dice el portavoz de la entidad en Andalucía, José Francisco Bracho, quien se queja de que «la consejería autorizó que se hicieran obras en algunas guarderías con mucha demanda para ampliar la oferta, y una vez terminadas, la propia administración niega la ampliación del convenio».
Educación admite falta de liquidez y recuerda que la propia normativa que regula las escuelas infantiles «da prioridad a las guarderías públicas a la hora de conveniar frente a los centros privados», a los que representa Acade. La asociación muestra documentación de la delegación territorial de Málaga dando el visto bueno a la ampliación de plazas en una guardería privada que, finalmente, no ha podido ofertar esos puestos. La consejería asegura que estudiará el caso concreto.
En Andalucía hay escuelas infantiles gestionadas por la administración, o bien directamente por la Junta (las menos), o bien a través de convenios con ayuntamientos. Pero la mayoría, más de la mitad, son guarderías de titularidad privada. Antes ofertaban plazas de dos tipos: 100% privadas, que llegaban a costar una media de 450 euros al mes, y plazas conveniadas con la Junta, sujetas a bonificaciones de entre el 25 y el 100% del precio público de la plaza para familias con rentas bajas. Educación asumió las competencias sobre las guarderías en 2008, y un año después aprobó un drástico cambio normativo obligando a todas las guarderías privadas que quisieran mantener las subvenciones a conveniar todas las plazas que ofertasen, acabando así con la dualidad que existía hasta entonces.
El sector de las guarderías en Andalucía siempre ha tenido mal equilibrio. La principal razón es que, cuando la Ley de Educación andaluza (2008) universalizó el derecho a una plaza escolar para menores de 0 a 3 años, la demanda de las familias ya estaba muy por encima de la oferta. Entonces todavía se notaba el boom inmobiliario y el Gobierno andaluz prometía construir tantas escuelas infantiles como colegios en los años noventa.
En realidad el planteamiento era el mismo: se pretendía escolarizar a todo el que quisiera en el primer ciclo de Infantil, igual que hace unos años se hizo con el segundo ciclo (de 3 a 6 años) cuando la Administración empezó a subvencionarlo. Ambas etapas son voluntarias, pero sólo la segunda es totalmente gratuita, la primera tiene precios públicos (278,88 euros al mes) y está bonificada (este curso el 95% de las familias percibe alguna ayuda y para más del 40% es gratuita). En el segundo ciclo entra prácticamente el 100% de los niños, en el primer ciclo mucho menos de la mitad, porque no hay oferta para todos ni todas las familias pueden permitirse ese gasto mensual.
