La Junta de Andalucía finalmente ha hecho público el listado de las entidades que en 2012 fueron exoneradas, es decir, fueron liberadas de justificar las ayudas recibidas para la formación por el entonces consejero de Economía y uno de los aforados preimputados por la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE, Antonio Ávila. De este modo, estas empresas u organismos pudieron acceder a otras subvenciones sin haber justificado o sin que la Administración hubiese comprobado los justificantes que presentaron. La Junta alegó que esta exención se realizó por «circunstancias de especial interés social» derivadas de los graves problemas de financiación que ha ocasionado la crisis a las entidades beneficiarias para poder afrontar los gastos de la ejecución de los cursos.
La resolución del SAE contiene un anexo con 35 folios, donde figuran las entidades, personas físicas y jurídicas beneficiarias, 1.162 entes, así como los expedientes afectados, cerca de 2.900, puesto que algunas entidades cuentan con varios expedientes. Entre ellas se encuentran personas físicas, empresas de todos los sectores, asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, religiosas, de ayudas a discapacitados, consorcios, fundaciones, mancomunidades, y ayuntamientos y diputaciones de todas las formaciones políticas y de todas las provincias andaluzas. En esta relación también se encuentra alguna sociedad relacionada con el que fuera consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, imputado en los cursos de formación. La Oficina del Portavoz del Gobierno explicó ayer que se ha hecho pública la resolución del SAE «en un ejercicio de transparencia sobre su gestión», aunque ha coincidido justo en el día que se conoció que una empresa del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE andaluz, José Fernández de los Santos, fuese exonerada, al igual que la de la parlamentaria del PP por Málaga, Antonia Ruiz Oliva.
El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Conejo, defendió ayer a capa y espada a Fernández de los Santos y aseguró que «le creo al cien por cien que todo es legal». En este sentido, indicó que si la resolución del SAE no se publicó en su día en el BOJA es porque «no es obligatorio», si bien aclaró que la Junta ha decidido darla a conocer ahora para que «no se siga especulando con a quién se le dieron las ayudas o se les dejó de dar». Insistió en que este ejercicio de claridad demuestra que «no hay nada que ocultar».
Remarcó que el PSOE no es partidario de las exoneraciones, aunque sean legales, y recordó que desde que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, llegó al Gobierno andaluz, en breve hará un año, no se ha eximido a nadie de acreditar las subvenciones. Cornejo reiteró que estas entidades que han sido exoneradas tendrán que justificar todas las ayudas recibidas, «porque exonerar no es ni condonar ni perdonar» y prometió que se recuperará hasta el último euro, «porque nadie se va a ir de rositas».
Admitió que esta situación de no tener fiscalizados todos los expedientes de subvenciones se ha podido deber que la Administración no fue capaz de verificarlos, pero recalcó que ahora se revisarán los más de 8.000 expedientes uno a uno.
Para impedir que se puedan volver a cometer irregularidades con las ayudas a la formación, hoy el Consejo de Gobierno aprobará el Anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía, que incluye novedades como la concurrencia competitiva para el reparto de ayudas y la prohibición de exonerar la justificación de las subvenciones para reforzar el control en este tipo de ayudas.
