El Consejo de Participación de Doñana donde están representadas administraciones, científicos, ecologistas, ayuntamientos, consumidores, sindicatos, empresarios y agricultores rechazó este viernes el proyecto de recuperación de las márgenes del río presentado por el Puerto de Sevilla, uno de los requisitos para poder ejecutar el dragado de profundización del tramo navegable del Guadalquivir, ratificando así el dictamen negativo de la comisión de Agua y Biodiversidad. Uno de los votos negativos fue el de la Junta, que rechaza, por ahora, el polémico dragado. «El Gobierno andaluz es desfavorable al dragado, al menos hasta que no se dé cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y a las previsiones del dictamen de la comisión científica», resumió la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, quien abundó en que «no podemos autorizar nada, dentro de nuestras competencias, que ponga en riesgo medioambiental el estuario y la protección del Parque Nacional de Doñana».
Así, la Consejería hace suyas las pegas al proyecto de recuperación de las márgenes del río que ya trasladaron científicos y ecologistas, entre otros, mientras que la Autoridad Portuaria aseguró ayer a esta redacción que seguirán adelante con el proyecto del dragado y que, para ello, estarán abiertos a negociar su mejora e introducir cambios.
La nueva presidenta del Puerto, Carmen Castreño, a la espera de la publicación de su nombramiento en el BOEy del acto de su toma de posesión indicó que una vez que se oficialice su cargo solicitará una reunión con la consejera de Medio Ambiente para «despejar dudas» y «mejorar» las medidas a tomar para poder dragar. «Vamos a ponernos a trabajar, veremos qué es lo que hay que abordar y seguiremos adelante», explicó a este periódico Castreño, que no quiso dar más detalles a expensas de recibir el texto del acuerdo del Consejo de Doñana. Castreño subrayó la importancia económica y de generación de empleo del dragado para Sevilla, las provincias limítrofes y el estuario y se mostró confiada en que saldrá adelante. Eso sí, los plazos corren peligro, así como los fondos europeos previstos del marco comunitario que termina el próximo año.
En el Consejo de Participación de Doñana, el Puerto sólo contó con el respaldo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), mientras que CCOO se abstuvo al considerar que el proyecto debería haberlo revisado una comisión técnica, incumpliéndose la octava condición de la DIA.
El resto de miembros del Consejo, incluida la Junta, subrayaron, además, las «deficiencias» técnicas del proyecto del Puerto, la no consideración de los costes totales de la obra durante su vida útil, los posibles efectos del cambio climático en su diseño y la incoherencia con el dictamen de la comisión científica. De ahí el mayoritario voto negativo, lo que supone un duro revés para el dragado puesto que las administraciones nunca han ejecutado ninguna actuación sin el visto bueno de Doñana, pese a que su dictamen es preceptivo, pero no vinculante. Una de la razones es que los órganos europeos, como la Unesco, tienen la lupa puesta en este órgano para garantizar que esta joya natural sigue mereciéndose los títulos que posee, como el de Patrimonio de la Humanidad.
Tras el informe del Consejo, la Consejería debe emitir una resolución que a día de hoy según la consejera está suspendida al haberse puesto en conocimiento del Ministerio la «necesidad» de que la DIA, de 2003, recoja la nueva normativa. «Tampoco sabemos si la legislación de puertos ha emitido los informes necesarios», apostilló Serrano.
