La Junta absorberá 850 empleados (el 85% de una plantilla de mil trabajadores) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una vez se haga efectivo el traspaso de la cuenca entre el Estado y el Gobierno andaluz. Ambas administraciones prevén sellar el acuerdo político este mes.
Apenas quedan por cerrar flecos en tres puntos para que el Guadalquivir pase a manos de Andalucía. Según detalló a este periódico el director de la Agencia Andaluza del Agua, Jaime Palop, se trata, además del capítulo de personal, de los apartados de mantenimiento y conservación de infraestructuras hídricas y el de inversiones, "que están casi cerrados y sobre los que habrá un acuerdo antes de agosto". Palop, que rehusó poner cifras a las diferencias que separan a ambas administraciones a pocos días de cerrar el traspaso, matizó que esas cuestiones son puramente técnicas y que el acto de la firma dependerá de los tiempos que marquen los responsables políticos del Gobierno central y de la Junta.
El director de la Agencia Andaluza del Agua sí concretó que la absorción de 850 empleados del órgano estatal del Guadalquivir "supone más de 25 millones de euros" y adelantó que el traspaso total de la cuenca "será una cifra superior a la suma de las transferencias de la cuenca Mediterránea y Atlántica", transferidas a la Junta de Andalucía en 2005 y 2006. En grandes cifras, el patrimonio de la Confederación asciende a más de 2.150 millones de euros y su presupuesto anual supera los 440 millones, de los que más de 200 se destinan a inversiones.
Los 850 trabajadores de la Confederación que pasarán a la Junta se sumarán a los más de 900 funcionarios que tiene en estos momentos la Agencia Andaluza del Agua (para la gestión de las cuencas Atlántica y Mediterránea), de modo que el futuro órgano andaluz que gestionará el Guadalquivir dispondrá de casi 1.800 empleados públicos. El Gobierno central se quedará en Andalucía con los 150 trabajadores que restan, que se encargarán de las competencias estatales reservadas en el Estatuto a la Administración central.
La Junta y el Gobierno central firmaron, en la comisión bilateral que tuvo lugar en el Parador de Cazorla el pasado 11 de noviembre, el acuerdo para transferir el Guadalquivir. Ambas administraciones anunciaron entonces que el traspaso se haría efectivo el 1 de julio de 2008, a pesar de que en marzo habría elecciones generales y autonómicas. Sin embargo, la Junta ya avisó el pasado junio de que, aunque el acuerdo político se selle este verano, se esperará al inicio del año natural, enero de 2009, para que sea efectivo.
El acuerdo del 11 de noviembre entre el Gobierno andaluz y el central estableció que el Estado seguirá manteniendo las competencias en planificación hidrológica, mientras que la Junta se encargará de la gestión de las aguas que pasan por el territorio andaluz. Este reparto sirvió tanto para cumplir tanto con lo establecido en la Constitución -las cuencas intercomunitarias son competencia estatal- como con el artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía, que concede a la Administración andaluza competencias exclusivas sobre las aguas andaluzas del Guadalquivir, cuya cuenca también está en Castilla-La Mancha (7,13%), Extremadura (2,45%) y Murcia (0,2%).
Este pacto, aseguró entonces el Gobierno central, marcará la línea jurídica para otras posibles transferencias en políticas de agua en el resto de España.
Cuando el traspaso se haga efectiva en 1 de enero de 2009, el Estado mantendrá el control de cuatro de los 57 grandes embalses de regulación. Dos de ellos, Fresneda y Montoro, se encuentran en Castilla-La Mancha y otros dos, Jándula y Pintado, afectan a otras comunidades, aunque estén en Andalucía. Este último centra el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 51 del Estatuto que presentó la Junta de Extremadura.
