viernes, 14 diciembre 2018
23:09
, última actualización
Local

La Junta recortará altos cargos en todas las consejerías

El plan que eliminará el 50% de las delegaciones provinciales incluirá a los directores generales

el 10 may 2012 / 19:06 h.

TAGS:

Susana Díaz y Griñán.

El Gobierno andaluz trabaja contrarreloj en la reestructuración de la administración autonómica con el objetivo de reducir sillones y ahorrar costes. Con un recorte pendiente al Presupuesto andaluz de 2.700 millones de euros en un montante total de 32.000, las consejerías estudian dónde pueden ajustar sus números.


El plan reducirá a la mitad la administración periférica, dejando al 50% las delegaciones provinciales. Actualmente hay 97 altos cargos en las provincias que quedarán en menos de 50. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, avanzó ayer en Canal Sur Televisión que también afectará a los servicios centrales con una "reducción de direcciones generales" en las consejerías, que se definirá en sus respectivos decretos de estructura.

Actualmente, según Presidencia, hay 120 centros directivos contando con viceconsejeros, secretarías generales con rango de viceconsejeros y direcciones generales. "La reforma no afectará en ningún caso a los empleados públicos", subrayó la consejera.


El Presupuesto andaluz en vigor contempla 92,8 millones de euros destinados a "Alta Dirección de la Junta de Andalucía". El sueldo de un director general, que coincide con el de los delegados provinciales, asciende a 41.372 euros brutos al año. Sus nóminas llevan tres ejercicios consecutivos congeladas y la reforma aprobada por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que contempló una reducción en el sueldo de los funcionarios, también afectó a los altos cargos.


La Junta sostiene que su reforma supondrá una "reducción importante del coste actual", según dijo ayer Díaz, si bien se negó aún a avanzar el ahorro previsto o el número de direcciones generales que se van a suprimir. El calendario contempla aprobar esta medida en un mes.


El Gobierno andaluz ya aprobó en la anterior legislatura una profunda reforma de su sector público que originó un peligroso incendio entre los funcionarios. Esa reforma, que está recurrida ante los tribunales y que ha recibido varios reveses pero también sentencias a su favor, fue aprobada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, con un ahorro estimado de 118 millones de euros. De esa cantidad, a final del pasado año la Junta contabilizaba un ahorro conseguido de 30 millones de euros. De éstos, 3,3 millones se correspondían con la supresión de altos cargos, en concreto de 180 puestos directivos.


El plan inicial de la Junta creó 14 agencias para suprimir, por fusión o absorción, 111 empresas públicas. Las agencias han integrado a 3.000 funcionarios y laborales de la Junta y 20.000 contratados. Ese fue el origen del conflicto: los funcionarios denuncian que se han hecho fijos a muchos contratados "a dedo". La Junta niega que se haya alterado ninguna categoría laboral. Los tribunales deben aclarar aún si la reforma es válida. El Ministerio no comparte los datos del Gobierno andaluz y urge a más ajustes. La Junta debe despejar sus números antes de 17 de mayo, fecha del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La reducción de su entramado público es clave.

  • 1