El Gobierno andaluz, personado como acusación particular en el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra el último auto de la jueza Mercedes Alaya, en el que se imputa a 20 cargos y excargos de la Junta.
El Ejecutivo andaluz explicó en un comunicado que los argumentos para recurrir son dos: en primer lugar, el gabinete jurídico cree que el auto contiene una evidente falta de motivación y una anómala actuación del juez respecto a los derechos fundamentales de los imputados, lo cual podría ser utilizado interesadamente por alguno de esos imputados para pedir la nulidad de la instrucción en la fase de juicio oral. Esta estrategia que tienen en sus manos las defensas personadas es lo que la Junta quiere evitar con el recurso, para no echar por tierra la reparación del daño producido a los intereses públicos. El Gobierno andaluz se presenta en su doble rol de acusación y víctima y denuncia la escasa fundamentación de las imputaciones que pueden comprometer la validez de la instrucción y poner en peligro la recuperación del dinero presuntamente defraudado.
En segundo lugar, el gabinete jurídico tilda de escasos e inconcretos los hechos que relata el auto y que justifican la imputación de los 20 cargos, y advierte de que un juzgado de instrucción carece de facultad para cuestionar la Ley de Presupuestos, aprobada en el Parlamento, y las ampliaciones presupuestarias donde Alaya ve infracción aprobadas en Consejo de Gobierno.
La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, aseguró ayer que el recurso contra el auto es una decisión técnica, no política. Cualquier cuestionamiento de la Ley de Presupuestos tendría que venir por parte del Tribunal Constitucional, dijo Díaz. Preguntada sobre si hay una contradicción entre el hecho de que la Junta esté personada en el caso como acusación y aún así recurra el auto, la consejera explicó que la acusación particular tiene la obligación de manifestarse sobre imputaciones concretas y si no lo hace ahora no lo podrá hacer hasta el juicio oral. En el otro extremo, fuentes del caso señalan que, en la práctica, el recurso supone que la Junta sale en defensa de los 20 cargos imputados.
En el caso ERE hay casi un centenar de personas imputadas, algunas de ellas exmiembros del Gobierno andaluz incluido el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que ha pasado por prisión. Pero hasta ahora la Junta no había recurrido ningún auto de imputación. El último ha señalado a 20 personas honestas que han hecho un buen servicio a Andalucía, en palabras del portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez. La reacción del presidente José Antonio Griñán ante este auto fue de rechazo, criticando que la jueza imputase a personas sin especificar el delito. La decisión de recurrir viene envuelta en la controversia, después de que en los últimos días la Junta se haya enredado en un complejo argumentario para explicar que una ley andaluza regula la asistencia jurídica a las autoridades y personal al servicio de la Junta, lo cual quiere decir que la ley obliga al Gobierno andaluz a defender a los últimos imputados en el caso ERE. Díaz matizó después que lo lógico y razonable sería pagar la defensa (a posteriori) de los que resulten absueltos al final del proceso. Pero el mismo día, el vicepresidente Diego Valderas, fue más tajante: La Junta no se hará cargo de ninguna defensa de los imputados. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, reiteró que no ve coherente que la Junta abone la defensa y que la ley no contempla que se pague a posteriori [de hecho el artículo 93 del decreto lo impide], como afirma la consejera de Presidencia.
Expulsados // El PP-A también reprochó ayer a la Junta que actúe a la vez como acusación y como defensa en el caso ERE, y anunció que solicitarán a la jueza que aparte al Gobierno andaluz como acusación particular en la causa. No es posible ser acusación y defensa al mismo tiempo en el caso, arguyó la vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del PP-A, Alicia Martínez. La Junta tiene imputados de primera clase y de segunda, y los del último auto son de primera, ya que la Junta ha puesto toda la maquinaria jurídica a funcionar, concluyó.
En la lista de los 20 imputados se encuentra el actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, que dejó el cargo de secretario de actas en el Consejo de Gobierno al conocer su imputación, y la exministra y exconsejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez. También están todos los exsecretarios generales de Empleo, cargos de Hacienda e Innovación y el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, el único citado para declarar el próximo 25 de julio.
Zoido augura que habrá más altos cargos imputados a la vuelta de la esquina El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, adelantó ayer que la imputación de más altos cargos de la Junta en el caso ERE está a la vuelta de la esquina y parece que puede ser más que probable. No es la primera vez que el líder popular se pone a elucubrar sobre los siguientes pasos en la instrucción de los ERE, anticipando lo que luego resulta ser cierto (pasó cuando preguntó a Griñán si algún miembro del Consejo de Gobierno sería imputado). Zoido también censuró el papel de la Junta como acusación de autentica farsa, sobre todo, cuando abre la posibilidad a la defensa de sus cargos imputados. En declaraciones a Onda Cero, Zoido, preguntado sobre si podría producirse la imputación del presidente Griñán, teniendo en cuenta que sucedió a Magdalena Álvarez al frente de la Consejería de Economía, Zoido aseguró que si las circunstancias son las mismas o análogas, parece probable que lo pudiera hacer. Alaya está haciendo una instrucción muy profesional y rigurosa, dijo, aunque la Junta se lo está poniendo difícil.
El Parlamento de Andalucía rechazó ayer, con los votos de PSOE-A e IU, la propuesta del PP-A de realizar este mes de julio un pleno monográfico y extraordinario sobre el caso ERE tras el último auto de Alaya. Durante el debate de la propuesta, el portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, criticó duramente el rechazo de PSOE-A e IU a este debate sobre los ERE en la Cámara autonómica llegando a advertir de que, si no la aceptaban, como finalmente ocurrió, estarían manifestando con su actitud que este Parlamento no sirve para nada. El portavoz de IU, José Antonio Castro, y el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, recriminaron también al PP andaluz que traiga esta propuesta después de haberse producido en el seno de la Cámara una comisión de investigación al respecto y más de 600 respuestas, entre comparecencias orales y preguntas escritas, sobre el fraude de los ERE.
