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La Junta recurre la sentencia que anula el ERE de la base de Morón

El fallo ordena "retrotraer" el procedimiento al estadio previo a la  autorización anulada.

el 19 dic 2011 / 17:49 h.

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La Consejería de Empleo ha recurrido la sentencia del Juzgado de  lo Contencioso Administrativo número tres que anula el expediente de  regulación de empleo (ERE) que, en 2010, se saldó con la extinción de  119 puestos de empleo en los servicios civiles de la base aérea de  Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten las fuerzas aéreas  de Estados Unidos y España. El fallo ordena "retrotraer" el  procedimiento al estadio previo a su autorización al haber sido  vulnerados los derechos de las trabajadoras Elisa O.M. y Celia O.J.,  ambas afectadas por este ERE.

En concreto, y según han informado a Europa Press fuentes  judiciales, la Consejería de Empleo ha dirigido su recurso a la  citada instancia judicial, que habrá de darle traslado al Tribunal  Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al objeto de que resuelva  sobre él. La compañía 'Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR), que  explota estos servicios en cuestión, ha anunciado también por su  parte al comité de empresa su decisión de recurrir el fallo.

Sergio Martínez, secretario general de la sección de UGT en los  servicios civiles de la base, ha informado a Europa Press de que el  pasado 22 de noviembre, el comité de empresa y George Newton, gerente  de 'VBR', celebraron un encuentro y, según Martínez, George Newton  manifestó que la compañía estadounidense ha resuelto "recurrir la  sentencia" en cuestión.

LA SENTENCIA


La sentencia, emitida el 8 de noviembre por el titular del Juzgado  de lo Contencioso Administrativo número tres de Sevilla, el conocido  juez Rafael Tirado, y recogida por Europa Press, anula la resolución  emitida el 9 de diciembre de 2010 por la delegada provincial de la  Consejería de Empleo, Aurora Cosano, para autorizar este expediente  de regulación de empleo. Así, el juzgado ordenar "retrotraer" el  procedimiento en cuestión al estadio previo a la citada autorización  anulada, pues detecta una "vulneración de los derechos fundamentales"  de estas dos trabajadoras afectadas por el ERE.

Como se recordará, un informe de la Inspección de Trabajo y  Seguridad Social detectó una "irregularidad" o "indicio racional de  fraude" en el acuerdo inicial alcanzado entre las partes en cuanto a  este expediente de regulación de empleo, lo que motivó la exclusión  de 31 personas al no estar prestando sus servicios en la base en el  momento de ser acordado este ERE.

EL ERE DE LA BASE DE MORÓN

'Vinnell-Brown ant Root Spain', adjudicataria de los servicios  civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados  Unidos y España, había impulsado un ERE "por causas organizativas,  productivas y de fuerza mayor", destinado a extinguir 286 de los 594  puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento. Tras la  correspondiente negociación durante el periodo de consultas, el 24 de  noviembre de 2010, la compañía y el comité de empresa aprobaron un  acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir.

La autorización de este expediente de regulación de empleo,  emitida el 9 de diciembre de 2010 por la delegada provincial de la  Consejería de Empleo, Aurora Cosano, y recogida por Europa Press,  reflejaba que dicho departamento había solicitado previamente a la  Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social diversos informes  en cuanto a este procedimiento, cosechando de dicho departamento del  Servicio Público de Empleo Estatal tres informes emitidos los días 25  y 26 de noviembre y 2 de diciembre de 2010.

EXÁMEN DE LOS CONTRATOS

En el informe correspondiente al 2 de diciembre, la Inspección  provincial de Trabajo y Seguridad Social señalaba que "examinados los  contratos de trabajo de los 150 trabajadores potencialmente afectados  y contrastadas las altas y las bajas, se ha detectado que 31  empleados causaron baja en la empresa con anterioridad al acuerdo  suscrito". Tal "irregularidad", según la Inspección de Trabajo y  Seguridad Social, constitía "un indicio racional de fraude".  

No obstante, la propia autorización del ERE recoge, merced a los  informes de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social,  que el 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa  habían ratificado el acuerdo contenido en el acta final pero  "solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los  correspondientes a los trabajadores que ya no prestaban servicios a  fecha del 23 de noviembre", lo que reducía a 119 el número de  empleados potencialmente acogidos al procedimiento.

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