La Consejería de Empleo ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres que anula el expediente de regulación de empleo (ERE) que, en 2010, se saldó con la extinción de 119 puestos de empleo en los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España. El fallo ordena "retrotraer" el procedimiento al estadio previo a su autorización al haber sido vulnerados los derechos de las trabajadoras Elisa O.M. y Celia O.J., ambas afectadas por este ERE.
En concreto, y según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la Consejería de Empleo ha dirigido su recurso a la citada instancia judicial, que habrá de darle traslado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al objeto de que resuelva sobre él. La compañía 'Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR), que explota estos servicios en cuestión, ha anunciado también por su parte al comité de empresa su decisión de recurrir el fallo.
Sergio Martínez, secretario general de la sección de UGT en los servicios civiles de la base, ha informado a Europa Press de que el pasado 22 de noviembre, el comité de empresa y George Newton, gerente de 'VBR', celebraron un encuentro y, según Martínez, George Newton manifestó que la compañía estadounidense ha resuelto "recurrir la sentencia" en cuestión.
LA SENTENCIA
La sentencia, emitida el 8 de noviembre por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Sevilla, el conocido juez Rafael Tirado, y recogida por Europa Press, anula la resolución emitida el 9 de diciembre de 2010 por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, para autorizar este expediente de regulación de empleo. Así, el juzgado ordenar "retrotraer" el procedimiento en cuestión al estadio previo a la citada autorización anulada, pues detecta una "vulneración de los derechos fundamentales" de estas dos trabajadoras afectadas por el ERE.
Como se recordará, un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó una "irregularidad" o "indicio racional de fraude" en el acuerdo inicial alcanzado entre las partes en cuanto a este expediente de regulación de empleo, lo que motivó la exclusión de 31 personas al no estar prestando sus servicios en la base en el momento de ser acordado este ERE.
EL ERE DE LA BASE DE MORÓN
'Vinnell-Brown ant Root Spain', adjudicataria de los servicios civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, había impulsado un ERE "por causas organizativas, productivas y de fuerza mayor", destinado a extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento. Tras la correspondiente negociación durante el periodo de consultas, el 24 de noviembre de 2010, la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir.
La autorización de este expediente de regulación de empleo, emitida el 9 de diciembre de 2010 por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, y recogida por Europa Press, reflejaba que dicho departamento había solicitado previamente a la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social diversos informes en cuanto a este procedimiento, cosechando de dicho departamento del Servicio Público de Empleo Estatal tres informes emitidos los días 25 y 26 de noviembre y 2 de diciembre de 2010.
EXÁMEN DE LOS CONTRATOS
En el informe correspondiente al 2 de diciembre, la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social señalaba que "examinados los contratos de trabajo de los 150 trabajadores potencialmente afectados y contrastadas las altas y las bajas, se ha detectado que 31 empleados causaron baja en la empresa con anterioridad al acuerdo suscrito". Tal "irregularidad", según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constitía "un indicio racional de fraude".
No obstante, la propia autorización del ERE recoge, merced a los informes de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, que el 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa habían ratificado el acuerdo contenido en el acta final pero "solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los correspondientes a los trabajadores que ya no prestaban servicios a fecha del 23 de noviembre", lo que reducía a 119 el número de empleados potencialmente acogidos al procedimiento.
