España está muy por encima de la media europea en número de trámites y tiempo necesario para crear una empresa. Andalucía no mejora ese dato. Diez procedimientos y 23 días para emprender una actividad empresarial. En otros países de la OCDE el calvario administrativo baja a cinco procedimientos y once días. El Gobierno andaluz quiere mejorar estos datos. Una promesa eterna la de la agilización de trámites burocráticos para allanar la actividad económica. Una reivindicación igualmente histórica de los empresarios de la comunidad. Esta vez, después de varios planes e intentos puestos en marcha, se plasmará en un decreto-ley que ayer aprobó el Consejo de Gobierno y que estará en vigor, según garantizó el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, en el plazo de un mes.
La promesa es «reducir a la mitad el tiempo estimado para crear una empresa» y «simplificar al máximo» toda la burocracia. En concreto se reducirán un total de 64 trámites administrativos, el 33% de los examinados y que dependen de la comunidad. El pasado enero cuando la Junta presentó este proyecto entregó un informe realizado por la Agencia de Defensa de la Competencia que cuantificaba un total de 535 autorizaciones administrativas en la comunidad relacionadas con el inicio de una actividad empresarial. La mayoría (315) responden a legislación básica del Estado, es decir, son competencia del Gobierno central. Otros 220 trámites son de la Junta, aunque de éstos 26 están también justificados o regulados por normativa estatal. Quedan 194 trámites sobre los que la Junta puede actuar y de éstos se reducirán 64, mientras que el resto permanecerán en vigor por razones de interés público o seguridad.
Otra de las novedades del decreto aprobado ayer es la creación de un programa denominado Andalucía @mprende +, que abrirá ventanillas de asesoramiento y ayuda a los emprendedores que quieran iniciar un negocio. Según garantizó el consejero de Economía, desde estos puntos para emprendedores se ocuparán de todo el proceso de forma rápida «entre dos y cinco días». Desde estas ventanillas, que se ubicarán en las oficinas de la Red Andalucía Emprende y de la Agencia IDEA, se ocuparán «telemáticamente y de manera gratuita» de todo el papeleo, según Sánchez Maldonado. En el caso de sociedades cooperativas los trámites se reducirán de un mes a cinco días. Para sociedades límitadas el compromiso es resolver los trámites en 48 horas. Para sociedades laborales el plazo es de un máximo de tres días y en el caso de los autónomos todo se resolverá, según el consejero, en 24 horas. La administración asumirá los costes del inicio de la actividad, con un coste medio de unos 200 euros, sobre todo en gastos de notaría y escrituras.
La Junta también pedirá a los ayuntamientos que reduzcan los trámites para dar licencia a una actividad. Sobre todo en lo que respecta a las autorizaciones medioambientales. Se clasificarán 36 categorías económicas como «inocuas» medioambientalmente y serán los consistorios los que determinen para qué actividades se pueden suprimir esa autorización y sustiuirla por una declaración responsable del empresario. La Agencia de Defensa de la Competencia asesorará a los ayuntamientos y recogerá las quejas de los empresarios sobre trabas administrativas.
Según los datos proporcionados por la Consejería de Economía, la mayoría de los trámites que se reducen afectan a actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca; actividades sanitarias y de servicios sociales; así como actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Por consejerías la mayoría de los trámites simplificados corresponden a Hacienda y Administración Pública e Igualdad, Salud y Políticas Sociales y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
La Confederación de Empresarios de Andalucía consideró ayer positivo el decreto ley de reducción de trámites, por su alcance normativo, ya que «no se trata de la aprobación de un plan o de una estrategia, sino de una norma con alcance de derecho positivo que será inmediatamente aplicable y que lo que viene es a dar inicio a esa petición de desregulación de procedimientos que la confederación viene reiteradamente solicitando».
Para la patronal andaluza, este decreto ley supone «desposeer del carácter de reserva de ley a determinados trámites administrativos, que ahora se desarrollarán vía reglamentaria, facilitando así la sustitución del control administrativo por la declaración responsable, la comunicación previa o el libre acceso, en cada caso, lo cual debe redundar positivamente en la capacidad de gestión de las empresas, sin alterar las garantías necesarias para la seguridad de los ciudadanos».
También se valora la inclusión en el ámbito comercial de las denominadas actividades económicas inocuas, que «gozarán de la menor intervención administrativa municipal», recogen en un comunicado.
